13 sep 2011

Deuda eterna


JOSÉ GIL OLMOS Y PEDRO MATÍAS/Proceso
OAXACA, OAX.- En 2004, Ulises Ruiz Ortiz recibió el gobierno del estado con una deuda directa anual de 500 millones de pesos. Seis años después, el priista había hecho crecer la cifra cuatro veces: según cálculos del gobierno actual de Oaxaca, se tienen que pagar 2 mil millones de pesos anuales de deuda directa.
La deuda total del estado es de 6 mil 200 millones de pesos –de los cuales se tienen que pagar anualmente los 2 mil millones mencionados– y no hay recursos para enfrentar el rezago social que se incrementó durante el gobierno de Ulises Ruiz, cuya administración está siendo auditada.
Mientras la pobreza y la marginación crecen, el dinero escasea. Las obligaciones derivadas de los proyectos de prestación de servicios (PPS) por 515 millones de pesos, más los 396 de la bursatilización de la deuda y los 294 del servicio de la misma suman mil 205 millones de pesos que tienen que ser pagados este año.
Para hacer frente a esas obligaciones Oaxaca tiene que echar mano de ingresos, como los derechos de control vehicular o el impuesto sobre la nómina; la recaudación de impuestos será de 589.4 millones de pesos este año.

La riqueza familiar
La administración de Ulises Ruiz está bajo la lupa. El gobierno actual, de Gabino Cué, le aplica ahora mismo 45 auditorías. Una a una las cuentas son revisadas con indagatorias más de tipo judicial que administrativo, pues hay indicios de que mucha documentación, principalmente de la Secretaría de Obras que estaba a cargo de Eviel Pérez Magaña, se quemó en el incendio del Tribunal Estatal en 2006, siniestro del que culparon a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Las auditorías, además, encontraron que funcionarios del gobierno anterior se dedicaron a desaparecer documentos del Registro Público de la Propiedad. Se descubrió que faltan libros completos de propiedades y a otros les arrancaron hojas, lo que pone en riesgo el patrimonio de muchos oaxaqueños.
En lo que se ha indagado se hallaron irregularidades y desvíos de recursos en los que están implicados algunos familiares del exgobernador. Es el caso de su tío, el director del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, René Virgilio Ruiz Quiroz: una investigación de este semanario descubrió que esta persona hace poco adquirió un departamento de 4 millones 500 mil pesos en la zona de Santa Fe, en el Distrito Federal, según consta en el folio 1025270 del Registro Público de la Propiedad.
María de Lourdes Salinas, esposa de Ulises Ruiz, aparece también en este mundo de irregularidades y riqueza inexplicable: de la noche a la mañana se convirtió en accionista mayoritaria del complejo hospitalario Sedna, en el Distrito Federal, valuado en mil 500 millones de pesos (Proceso 1655).
No es la única implicada en la red de corrupción y complicidades. Víctor Hugo Ruiz Ortiz, hermano del exgobernador, también es acusado de haber creado seis empresas fantasma, con el mismo domicilio fiscal, recibiendo de esta forma 48 contratos de obras por 177 millones 789 mil 569 pesos.
Entre los escándalos del hermano del exgobernador está el caso del hospital de Santo Domingo Barrio Alto, Etla, que según el contrato SSO-DIMSG-LPN-PEF-003/09 tuvo un costo de 35 millones 621 mil 828 pesos, que se le pagaron al Grupo Empresarial Oaxes (a nombre del hermano de Ulises Ruiz), quien cobró pero nunca hizo la obra.
El cúmulo de irregularidades del gobierno y la familia de Ulises Ruiz es larga, pero en los hechos hay dos monumentales: las ciudades Administrativa y Judicial, que dejan endeudados a los oaxaqueños los próximos 30 años.

Las ciudades más caras
Oaxaca tiene tres tipos de deuda: la directa, que es de más de mil 433 millones de pesos; la generada por una operación de bursatilización por más de 2 mil 800 millones de pesos y que hoy por los intereses es de más de 3 mil 100 millones de pesos; y los compromisos derivados de la operación de los créditos del esquema PPS por la operación de la Ciudad Administrativa y la Ciudad Judicial, que para este año es de más de 2 mil 100 millones de pesos. En total, más de 7 mil 300 millones de pesos.
A la mitad de su gobierno, Ruiz quiso pasar a la posteridad como un gobernante moderno y retomó sus dos proyectos monumentales: las ciudades Administrativa y Judicial.
Las construyó, en extremos opuestos, a las afueras de la capital estatal a un costo de 15 mil millones de pesos en unidades de inversión (udis) a pagar en 30 años a Banorte, de Roberto González Barrera, con quien los priistas han tenido relaciones financieras importantes, como el préstamo de 800 millones de pesos que le hizo a Roberto Madrazo en su campaña presidencial de 2006.
El gobierno de Ruiz contrajo la deuda pagadera hasta el 31 de mayo de 2037 con una tasa de interés de 5.7%, según lo detalla el informe de dicho banco. Lo grave es que la contrajo en udis, los instrumentos más caros del mercado porque además del interés fijo hay que agregarle la inflación anual y los costos y gastos de operación del fideicomiso encargado de operar y administrar la colocación bursátil.
Lo peor es que en el fideicomiso –con número F/246859– el gobierno oaxaqueño dejó como garantía los ingresos del Impuesto sobre Nómina, los de los derechos vehiculares y los ingresos de la tenencia federal.
El 1 de diciembre de 2005, el gobierno de Oaxaca se convirtió en el primero en el país en aplicar el sistema de financiamiento PPS para la creación de infraestructura y equipamiento de las ciudades Administrativa y Judicial a través de Banorte.
Puesto que esta institución jurídicamente no puede suscribir un convenio comercial con el gobierno estatal, por ser persona moral, el acuerdo se hizo con la firma del empresario Neftalí García Arango, socio y amigo de Bulmaro Rito Salinas, exsecretario técnico del Poder Ejecutivo y excoordinador de Planeación del gobierno de Ruiz y quien estuvo implicado en una venta ilegal de rieles de ferrocarril por 19 millones de pesos.
Según documentos oficiales, García Arango dio de alta su empresa, Impulsora de Proyectos Oaxaca, un mes antes de firmar el contrato multimillonario en el cual queda como responsable de la creación de infraestructura, equipamiento y mantenimiento de la Ciudad Administrativa, mientras que para la Judicial aparece el nombre de Nicolás Mariscal Servitje representando a la empresa Operadora de la Ciudad Judicial de Oaxaca.
Cuando al inicio de la obra la prensa local cuestionó a García Arango por su participación, éste dijo que su interés era ayudar. De acuerdo con el consultor financiero Marco Galicia Treviño, sólo por ser intermediario aquél ganó 32 millones de pesos inmediatamente.
Otro personaje que participó en este endeudamiento financiero es el exsecretario de Finanzas Miguel Ángel Ortega Habib, a quien ya le giraron orden de aprehensión, de acuerdo con información obtenida por este semanario.
También está Esdras Cruz Cruz, exsubsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, a quien se acusa de haber participado en el esquema de crédito financiero junto con otro personaje, Emilio Báez, quien ha ofrecido sus servicios en ocho estado más que han adoptado el esquema PPS.
Pero el gobierno tiene que erogar 40 millones de pesos al mes por ocupar los edificios de Ciudad Judicial y Ciudad Administrativa. Aunado a ello hay que pagar los autobuses que trasladan diariamente al menos a 10 mil trabajadores. Los edificios de la Ciudad Administrativa presentan fallas estructurales, por lo que quienes laboran ahí están en constante riesgo.
El actual gobierno no puede rescindir del contrato porque hay una cláusula de penalización cuyo monto equivale a la deuda; tampoco puede intervenir en la administración del conjunto de edificios porque la concesionó a la empresa constructora, que en el caso de la Ciudad Administrativa sólo por el servicio de mantenimiento de elevadores recibe 10 millones de pesos mensuales.
Las irregularidades son tantas que para la construcción de estacionamientos y guarderías en la Ciudad Administrativa, que no estaban en los planos originales, se arrendaron dos terrenos aledaños por 1 millón 116 mil pesos mensuales. Lo dueños de esos terrenos son Mario Guzmán y Claudio Ruiz Solana, expresidentes de los comités de finanzas de las campañas electorales de Ulises Ruiz y de Eviel Pérez Magaña.
La Ciudad Administrativa se proyectó con una inversión absoluta de 353 millones de pesos, pero la cifra se duplicó por falta de previsión y ahora se pagarán 656 millones de pesos.
Por otra parte, los 14 edificios de la Ciudad Judicial son inoperantes, las instalaciones tienen fracturas y sufren inundaciones; los funcionarios de primer nivel han preferido alquilar otros edificios en la ciudad de Oaxaca.

Confabulación para robar

JOSÉ GIL OLMOS Y PEDRO MATÍAS/Proceso

OAXACA, OAX.- El gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, en Oaxaca, ha sido calificado como una administración "de corrupción perfectamente diseñada", ya que a lo largo de seis años dejó una estela de irregularidades cuantificadas hasta ahora en 3 mil 697 millones de pesos y que involucran a sus principales colaboradores, algunos de los cuales han huido de la entidad.
Luego de efectuar una revisión a fondo de la administración de Ruiz, la titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca, Perla Woolrich Fernández, no duda en señalar que ese gobierno estuvo marcado por la asociación delictuosa. Ello debido a que todas las áreas están manchadas por la corrupción y las confabulaciones para el desvío de los recursos públicos a favor de funcionarios públicos que se enriquecieron de manera súbita e inexplicable.
En entrevista con este semanario, la contralora comenta que aún faltan por concluir 31 auditorías, de las cuales ocho ya están muy avanzadas. También indica que no será fácil llevar ante la justicia a los funcionarios corruptos, pues antes de que terminara su gestión el gobierno ‘ulicista’ modificó las leyes para tipificar como no graves los delitos de peculado y el desvío de recursos, así como otros relacionados con la corrupción. Asimismo, afirma, se les asignó un período de prescripción muy corto.
Pese a todo, asegura, el gobierno del estado irá "hasta el fondo" y presentará querellas penales y administrativas contra numerosos ex funcionarios acusados de enriquecimiento inexplicable, entre ellos el propio ex mandatario estatal, quien salió huyendo del estado.
Al cabo de seis meses de investigaciones y auditorías ya fueron detenidos Gonzálo Ruiz Cerón, quien era coordinador general de Transporte, por presunto tráfico de concesiones y permisos para taxis, así como Manuel Alejandro Hernández Muñoz, ex director de Finanzas de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), acusado de abuso de autoridad, ejercicio indebido de atribuciones y peculado por 736 millones de pesos.

16 DE 45 AUDITORÍAS
Pero los desvíos de las arcas públicas oaxaqueñas por parte de funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz podrían sumar muchos miles de millones de pesos más, pues hasta ahora sólo se han dado a conocer resultados de 16 de las 45 auditorías realizadas.
Por lo pronto, según el expediente de la averiguación previa 84(FCIE)2011 —una copia de la cual le fue proporcionada a Proceso—, el juez del penal de Ixcotel, Andrés Manuel Jiménez López, ordenó la aprehensión de cinco colaboradores cercanos de Ulises Ruiz acusados de ejercicio indebido de funciones, coalición de funcionarios, abuso de autoridad, peculado y enriquecimiento ilegítimo, aunque podrían derivarse otros delitos a partir de las investigaciones realizadas por Woolrich Fernández, el secretario de Finanzas Gerardo Cajiga y el consejero jurídico Hugo Alejo Torres.
El 9 de julio pasado, el juez Jiménez López libró órdenes de captura contra quienes fueron secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib; subsecretario de Egresos, Fernando González García; jefe de la Unidad Administrativa de la Dirección de Comunicación Social, Jorge Efrén Rojas y contra quienes fungieron como titulares de esta última dependencia, Raúl Castellanos y Soledad Rojas Walls, acusados de peculado por 495 millones 700 mil 229 pesos, suma que se destinó a campañas de prensa y de imagen de Ulises Ruiz en 2010.
En el marco de las elecciones para gobernador realizadas ese año, el candidato del PRI, Eviel Pérez Magaña, fue acusado de usar recursos oficiales en su campaña. De hecho, su jefe de prensa era Raúl Castellanos, quien dejó ese mismo cargo en el gobierno para sumarse a la campaña. Ahora enfrenta acusaciones de peculado, falsificación de documentos y usurpación de funciones, pues presuntamente autorizó millonarias campañas de imagen cuando ya había dejado de ser funcionario estatal.
Las indagaciones realizadas por el gobierno de Gabino Cué pusieron al descubierto una red de corrupción en el área de Comunicación Social, solapada por funcionarios que habrían violado leyes administrativas del estado al adjudicar de manera directa contratos por 200 millones de pesos a 13 empresas; compañías que pertenecen a un mismo grupo de personas y algunas de las cuales fueron registradas apenas el año pasado en Puebla.

UNA MARAÑA DE COMPLICIDADES
Tras siete meses de investigaciones en las que se ha ido desmadejando la red de complicidades tejida durante el gobierno de Ulises Ruiz, el 18 de agosto la contralora Woolrich Fernández dio a conocer los resultados de 16 de 45 auditorías que se han realizado en contra de 32 ex funcionarios acusados de un quebranto por 3 mil 697 millones de pesos y para quienes se han instruido procedimientos jurídicos administrativos y penales.
En conferencia de prensa realizada en esta capital, la contralora reveló que los quebrantos "son tantos y de tan amplia naturaleza que sería imposible por el momento entrar al estudio concienzudo de los mismos". Pero de las 16 auditorías —cuatro a los sectores de infraestructura y salud; siete al educativo, social y cultural; tres a los de gobierno, justicia y seguridad, y dos al económico y de desarrollo productivo— se desprende que hubo una "confabulación" de servidores públicos para operar el presupuesto estatal de 2010 de manera discrecional y modificando las partidas inicialmente autorizadas por el Congreso.
La funcionaria comenta a este semanario que esos funcionarios actuaron de manera cínica y prepotente porque pensaron que nunca iban a perder el gobierno y que, por ende, no serían descubiertos.
E insiste: "El gobierno de Ulises Ruiz no fue una administración gubernamental sino una asociación delictuosa porque el jefe del Ejecutivo hizo todos sus amarres y complicidades con el Congreso, con las autoridades municipales y con el Poder Judicial, para tapar sus desvíos y el grado de corrupción al que llegaron. Pero no les dio tiempo de ocultar todo y lo que encontramos fue que en todas las dependencias había irregularidades; no se escapaba ninguna."
Los colaboradores de Ruiz, dice, hicieron lo que quisieron. Se les atribuyen robos de mobiliario y de piezas de autos; utilización de nóminas ficticias; otorgamiento de concesiones de taxis y de notarías al por mayor, así como ampliaciones presupuestales a partidas no prioritarias.

EL PESO DE LA LEY
Aunque la contralora de Oaxaca no especificó a quiénes se les fincarán causas penales, de acuerdo con la averiguación previa —cuya copia tiene Proceso— ya se giraron órdenes de aprehensión en contra del ex secretario de Finanzas Miguel Ángel Ortega Habib, el ex subsecretario de Egresos Fernando González García, los ex responsables de Comunicación Social Raúl Castellanos y su sucesora Soledad Rojas, así como en contra de Jorge Efrén Rojas, administrador de esta última área. A todos se les acusa de un quebranto superior a 495 millones de pesos.
El expediente señala que ellos se "confabularon" para lograr una ampliación del presupuesto en el área de Comunicación Social durante 2010, pues el Congreso del estado le había asignado 60 millones 690 mil 113 pesos; sin embargo, Raúl Castellanos y su sucesora, Soledad Rojas, pidieron ampliaciones que sumaron 495 millones 700 mil 229 pesos, "de manera desmedida e injustificada, sin dar cumplimiento con los requisitos de orden administrativo".
El entonces secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib y el subsecretario de Egresos, Fernando González García, autorizaron 492 millones 173 mil 106 pesos para "programas adicionales, impresos, publicaciones y difusiones oficiales, ayudas diversas, promoción y fomento cultural, y promoción y fomento económico estatal", rubros para los cuales el Congreso estatal únicamente había destinado 41 millones 670 mil pesos.
La ampliación autorizada para la promoción de imagen del gobierno en ese año electoral fue de 819.78%, que según la Contraloría fue injustificada, pues un incremento de esta magnitud sólo se hace "para la atención de aspectos de alta prioridad o derivados de situaciones naturales que provoquen estados de emergencia…"

DESVÍO DE RECURSOS
Los funcionarios cercanos a Ulises Ruiz, indica el expediente, "solicitaron y autorizaron la ampliación del presupuesto otorgado a la Coordinación General de Comunicación Social del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, de manera desmedida e injustificada, sin dar cumplimiento a los requisitos de orden administrativo; porque en ese lapso de tiempo del año 2010 ampliaron el presupuesto para esa Coordinación por un monto de 495 millones 700 mil 229 pesos, cuando en términos del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2010 únicamente se aprobó un presupuesto de 60 millones 690 mil 113 pesos".
Asimismo, acredita que durante el tiempo que estuvieron a cargo del área de Comunicación Social, Raúl Castellanos y Soledad Rojas desviaron del erario recursos que no se encontraban destinados a la referida coordinación, y beneficiaron con adjudicaciones directas a 13 empresas que no reunían los requisitos que establecen la Constitución del estado; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y la Ley de Presupuesto y la normatividad para el ejercicio del presupuesto, "produciendo con ello un beneficio para los propietarios de dichas empresas y afectando la hacienda pública del gobierno del estado".
Dichas empresas son Consulta, Estratega Palatino, GM Proyecto Tecnología 2010, Grupo Empresarial Culmen, Ingeniería de Proyectos Popoca, Kennedy Imagen Publicitaria, Nebraska Aplicación, Pixel Link, Procesos sin Riesgo, Proyectos Velia, Servicio Especializados Jade, Servicios Publicitarios HN, Banner y Tecnología. En todas aparecen los nombres de Ana Carolina Hernández, Emelia Sánchez Popota, José Enrique Hernández Salazar, Ricardo Hernández Sánchez, José Héctor Hernández Mancera, Daniel Lara Flores y José Héctor Juárez Mancera.
Según la investigación hubo una "maliciosa confabulación" de Castellanos y Rojas, pues actuaron de forma "engañosa e ilegal" al favorecer a empresas que fueron dadas de alta entre 2009 y 2010 en Puebla y que oficialmente dieron un servicio de promoción de imagen del gobierno, así como de actividades turísticas, bajo contratos de prestación de servicios "diseñados en idénticas condiciones y estipulaciones, tanto de forma como de fondo, e inclusive sin variar siquiera el tipo de papel, tinta de impresión, y tintas en las firmas que los calzan, y que hacen presumir que fueron celebrados o elaborados ilegalmente en un sólo moment

Las andanzas del “ahijado” de Ulises Ruiz


(Por José Gil Olmos y Pedro Matías/Proceso)
El milagro económico de Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, coordinador de los diputados federales del PRI por Oaxaca, muestra su rostro de corrupción por delitos de peculado, abuso de autoridad, fraude, falsedad en declaraciones y hasta asociación delictuosa.
Apadrinado por sus correligionarios, los gobernadores José Murat Casab y Ulises Ruiz, en menos de dos sexenios Ramírez Puga pasó a formar parte de la élite de los nuevos ricos de la entidad. Su único mérito como legislador federal fue haber “confrontado”, en julio de 2004, a la maestra Elba Esther Gordillo Morales y solicitar que la expulsaran del PRI; luego, en junio de 2010, llamó “mafiosa” a Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, en plena sesión de la Comisión Permanente.
Documentos obtenidos por Proceso revelan que en 2008, cuando era coordinador de Comunicación Social del gobierno estatal, a Ramírez Puga se le autorizó un incremento presupuestal de 471%, aun cuando no presentó ninguna justificación ante el Congreso local. Ese año, la asignación autorizada para el área que él coordinaba fue de 57 millones 303 mil 886 pesos. Con las ampliaciones, la suma se elevó a 327 millones 168 mil 461 pesos.
Los contratos firmados con cuatro empresas, una de ellas el periódico de su familia, El Extra de Oaxaca, fueron por 58 millones 901 mil 129 pesos, lo que superó el presupuesto inicial autorizado para Comunicación Social. Intoctur, S.A. de C.V., fue favorecida con 21 millones 720 mil 129 pesos; Mitroviq, con 18 millones 751 mil pesos; Rocke Sade, S.A. de C.V., con 10 millones 610 mil pesos, y Organización Periodística Extra de Oaxaca, S.A. de C.V., con 7 millones 820 mil pesos.
En tres de los casos, los contratos se realizaron fuera de norma y con una estructura similar; las facturas no especifican los servicios prestados; se detectó que los representantes legales de las compañías son allegados a Ramírez Puga, y los domicilios fiscales corresponden a casas particulares, algunas incluso en obra negra.
En todos ellos, los montos son superiores a los presupuestos asignados, por ejemplo, al del Instituto de la Mujer Oaxaqueña (9 millones 310 mil 128 pesos), la Secretaría del Trabajo, el Instituto de Atención al Migrante Oaxaqueño y la Comisión Estatal del Deporte, cada una de las cuales apenas recibió ese año alrededor de 9 millones.
También contrastan notablemente con lo que recibió el Instituto Estatal de Protección Civil, que no llegó ni a los 2 millones de pesos, aun cuando le toca auxiliar a 450 familias de 12 localidades, en su mayoría indígenas, para la próxima temporada de huracanes.
La auditoría realizada en 2010 derivó en una denuncia penal contra los Raúl Castellanos Hernández, Soledad Rojas Walls y Efrén Rojas, voceros de Ulises Ruiz durante su gestión, por pagos a empresas del área de Comunicación Social por un monto de 161 millones de pesos que en realidad se canalizaron a la campaña del candidato priísta Eviel Pérez Magaña, quien finalmente perdió.
Ahora comienzan a emerger otros casos de corrupción en la misma área, que también podrían derivar en una querella penal, esta vez contra Ramírez Puga. Además, los primeros resultados de una auditoría indican que las ampliaciones presupuestales solicitadas no se ajustaron a los procedimientos legales.
En un oficio (el UICEP/501372008), por ejemplo, expone: “Por medio del presente envío a usted solicitud de inversión presupuestal de recursos por un monto de 9 millones 468 mil 224 pesos afectando la partida 31601 impresos publicación y difusión oficiales, recursos necesarios para el pago de difusión de acciones del gobierno del estado en medios de comunicación locales durante el mes de febrero”.
El 23 de julio de 2008, Ramírez Puga hizo una segunda solicitud, esta vez por 10 millones 733 mil 333 pesos; el 12 de diciembre siguiente vino la tercera, por 15 millones 427 mil 541 pesos. En los oficios UICEP/6022/2008 y UICEP/7188/2008, el entonces secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib –sobre quien pende una denuncia penal–, autorizó las ampliaciones presupuestales solicitadas por el concepto de “impresos, publicación y difusión oficiales”.

Empresas fantasma
La empresa Mitroviq se constituyó el 11 de febrero de 2008 y el 30 de abril de ese año obtuvo contratos por 18 millones 751 mil pesos. Su apoderado legal es Néstor Augusto Ramírez Soto, quien dio como domicilio fiscal avenida Ferrocarril 209, colonia 25 de Enero en esta capital. Sin embargo, en el inmueble sólo hay un consultorio dental y se rentan cuartos.
En el caso de Intoctur, S.A. de C.V., otra de las empresas beneficiadas, se constituyó el 4 de abril de 2008 y el 31 de julio siguiente recibió contratos por 21 millones 720 mil 129 pesos. Su apoderado legal, Luis Alberto Jiménez García, dio como domicilio fiscal avenida del Jardín 102, colonia Experimental en San Antonio de la Cal, donde sólo hay una construcción en obra negra.
En tanto que Rocke Sade, S.A. de C.V., se constituyó el 20 de agosto de 2008 y su fecha de contrato es el 29 de agosto de ese mismo año por un monto de 10 millones 610 mil pesos. Su representante legal es Brenda Brera Villamil y dio como domicilio fiscal avenida Independencia 318-D Santa Cruz Amilpas, donde se encuentra una accesoria.
Por lo que se refiere a Organización Periodística Extra de Oaxaca, S.A. de C.V., empresa de su familia cuyo representante legal era su hermano Gilberto Carlos Ramírez Puga Leyva, le asignó un contrato por “los servicios de difusión de acciones de gobierno por un periodo anual” de 7 millones 820 mil pesos. Este hecho contraviene la normatividad establecida para estos casos.
Antes de llegar a la coordinación de Comunicación Social en el gobierno de Ulises Ruiz, Ramírez Puga había ganado como diputado federal 2 millones de pesos, entre dietas y apoyos legislativos. Pero a partir de 2005 pasó a formar parte de los nuevos ricos de Oaxaca al adquirir un millonario terreno en la zona exclusiva de San Felipe del Agua, en la capital oaxaqueña.
Y aun cuando sus correligionarios se quejan del estancamiento económico en el país, cuando se refieren al exitoso director del periódico Extra de Oaxaca hablan incluso de un “milagro económico”.
En su edición del 28 de febrero de 2005, el Diario Oficial de la Federación informa que la dieta mensual de un diputado federal era de 69 mil 683 pesos; además, recibía 25 mil pesos en apoyos legislativos y 25 mil 160 pesos de pensión ciudadana, lo que sumaba 119 mil 843 pesos. Eso significa que Ramírez Puga ganó en promedio 2 millones de pesos en 18 meses mientras fue integrante de la LIX Legislatura federal.
Al dejar su curul para integrarse al gobierno de Ulises Ruiz como coordinador de Comunicación Social tenía un sueldo mensual de 80 mil pesos. Con esos emolumentos, en un año Ramírez Puga debió ganar 960 mil pesos, aunque el valor de su propiedad en San Felipe del Agua –el lugar preferido por los nuevos ricos– oscila entre 7 y 10 millones de pesos, lo que está muy por encima de sus posibilidades.
Zona residencial de abolengo, San Felipe está rodeado por colonias precarias, donde viven hacinadas innumerables familias nativas; primero fueron invadidas, luego la urbanización las desplazó a las lomas.
En junio de 2009, Nazario García Ramírez, presidente del frente ecologista Aguas de San Felipe, denunció que el cáncer de la corrupción invadió la agencia municipal de San Felipe del Agua, donde se asentó Ramírez Puga, quien en menos de un año levantó una millonaria residencia en el Barrio La Chigulera.
Vecinos de la localidad sostienen que el excoordinador de Comunicación Social compró dos extensiones de terreno a sus dueños para apropiarse de mil 500 metros cuadrados para construir su mansión que incluye una cancha de tenis con pasto sintético, una alberca con su palapa y con dos entradas con puertas de cedro y una cochera.
Hoy, este pueblo que antaño se caracterizaba por sus recursos naturales, ahora es el lugar donde viven a sus anchas los nuevos ricos de Oaxaca, entre ellos el exgobernador Ulises Ruiz, Bulmaro Rito Salinas, Jorge Franco Vargas, Diódoro Carrasco Altamirano, Aurora López Acevedo y Ramírez Puga.
Con la derrota del PRI, Ramírez Puga se convirtió en el defensor de los intereses de Ulises Ruiz y de sus incondicionales, y aprovecha cualquier oportunidad para deturpar a sus enemigos, como el gobernador Gabino Cué Monteagudo.
Ramírez Puga se lanzó también contra su correligionario Jorge Franco Vargas y lo acusó de traidor. Incluso pidió a la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que aporten material para demostrar la participación de Franco en los hechos violentos de 2006 contra ese gremio.

6 sep 2011

Contestación de la Codepa

IGNORANTE ES TUTEAR A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN ALREDEDOR, ESTE ANONIMO QUE ESCRIBIO LAS COSAS ANTERIORMENTE, SE VE QUE CARECE DE CAPACIDAD, YA QUE ESE GUSTAVO Y CASTULO, POR SI NO LO SABES SON PROFESORES Y A LAS PERSONAS HAY QUE LLAMARLAS CONFORME A LO QUE SE FORJARON, Y NO COMO TU LOS LLAMAS, SE ME HACE LLAMATIVO TU COMENTARIO, PORQUE CREO HAS DE SER UN SANTO Y UN ENTE PERFECTO, UN SER DOTADO DE CAPACIDAD Y CONOCIMIENTOS, ASI COMO LA PERSONA QUE ESCRIBIO EL ARTICULO, GENTE PARASITO, QUE NADA MAS SE ALIMENTA DE LOS DEMAS!! UN GRAVE ERROR EL PUBLICAR NOTAS CON TUS FALTOTAS DE ORTOGRAFIA, A CASO PERTENECERAS ALGUN PARTIDO POLITICO? PORQUE SOLAMENTE LOS QUE OCUPAN CARGOS PUBLICOS COMO LOS DINOSAURIOS DEL PRI Y ALGUNOS DEL PAN COMO LOS QUE ESTAN AHORITA, SE ATREVEN A HACER ESTE TIPO DE COMENTARIOS, SIN FUNDAMENTOS, CARENTES DE REALIDAD, EL PROFR GUSTAVO NO NECESITA DE CAMPAÑAS NI DE POPULARIDAD PARA PUESTOS POLITICOS COMO TU GENTE, ES ES RECONOCIDO POR SU CAPACIDAD, Y COMO ES DE NOTARSE, CUANDO ALGUIEN QUIERE HACER ALGO POR LA GENTE, SIEMPRE SALDRAN LOS ENEMIGOS, CLARO!! PUES PERSONAS COMO EL ES UN ESTORBO PARA LAS RATOTAS GRANDOTAS Y PARA GENTE COMO TU, QUE NADA MAS SE LA VIVE EN EL CHISME VIENDO LAS COSAS DE LOS DEMAS, Y NO VOLTEAR A VER TU COLA QUE TAN LARGA LA ANDAS TRAYENDO. SI NO HA HABIDO PROYECTOS CONCRETADOS AL 100% ES POR LA INEPTITUD DE TUS AUTORIDADES ESTATALES, PORQUE LAS MUNICIPALES NO SRIVEN PARA NADA, Y POR LOS GRANDES DESVIOS DE RECURSOS QUE HAY EN NUESTRO PAIS, PERO SOBRE TODO EN NUESTRA REGION, Y SEGURAMENTE EL TRAMO CARRETERO ACATLAN SANTA CRUZ, SE HIZO POR OBRA DEL ESPIRITU SANTO!! UNA LUCHA SOCIAL, LOS RESULTADOS NO SE VERAN DE LA NOCHE A LA MAÑANA, UNA LUCHA SOCIAL ES UN PROCEDIMIENTO QUE HAY QUE ESTAR CONSTANTEMENTE A PIE DE CAÑON, Y DANDO CARAS, Y NO OCULTARSE POR ANONIMATOS, NI EN NOTAS COMO ESTA, LAS VERDADERAS NOTICIAS, SIEMPRE VIENEN DE PERSONAS SERIAS Y RECONOCIDAS POR SU PARTICIPACION EN EL PROYECTO. EN RESUMEN, GENTE DE ACATLAN, NOTAS CORRIENTES COMO ESTA SIEMPRE TRATARAN DE DESTABILIZAR LOS GRUPOS SOCIALES UNIDOS POR UNA CAUSA, Y HARTOS DE LAS INEPTITUDES DE GENTE MEDIOCRE QUE SE HAN ENRIQUECIDO DEL PUEBLO A COSTA DE NUESTRO TRABAJO Y NUESTRO ESFUERZO, NO HAGAN CASO A ESTE TIPO DE COSAS, QUE NO SABES DE QUIEN FUE PUBLICADO, A CASO SERA DE LA MISMA PERSONA QUE NOS ENGAÑÓ? DELEGADO DE GOBIERNO, AMARO, EL QUITA ESPOSAS DEL PRESIDENTE ADAN, QUE POR CIERTO, POR DIGNIDAD DEBIÓ DE HABER RENUNCIADO AL PUESTO, PERO CLARO,COMO DEJAR EL PODER SI AHI ESTA EL ENRIQUECIMIENTO, PERSONAS QUE TRATAN SIEMPRE DE PONER UN ALTO A NUESTRAS LUCHAS POR UNA MEJORA, TRATARAN DE DESUNIRNOS Y HACERNOS CREER CON SUS MENTIRAS COMO SIEMPRE LO HAN HECHO, QUE LA ORGANIZACION CODEPA NO HA FUNCIONADO.

Y ACLARO, PARA ANONIMO, CUANDO HABLES DE LOS LIDERES, DIRIGETE CON RESPETO, DEMUESTRA TUS VALORES, IGNORANTE!!! CUANDO DIGAS GUSTAVO, DEBES DE DECIR, MI PAPA EL PROFR, GUSTAVO.

Y PARA EL QUE HIZO ESTA NOTA CORRIENTE, ANTES DE PUBLICAR ALGO, VE A LA ESCUELA, PONTE A LEER, A REPASAR LA ESCRITURA, PORQUE TU FALTA DE ORTOGAFIA, ES GARRAFAL..!! SE NOTA QUE ERES DE ALGUN PARTIDO POLITICO, BURRO, IGNORANTE, Y CARENTE DE VERACIDAD!!

ATTE.

HIJO, ESPOSO, PROFESIONISTA Y ACATECO HARTO DE SUS PENDEJADAS Y MENTIRAS DE POLITICOS Y NOTAS CORRIENTES COMO ESTA.