27 may 2010
18 may 2010
“Con dinero todo es más barato”
Raymundo Riva palacio
Ulises Ruiz ha cargado un desprestigio político durante más de una década como alquimista electoral y un tramposo empedernido. Como gobernador continuó hundiéndose en el imaginario colectivo como un sátrapa capaz de hacer las maniobras más retorcidas para perjudicar a sus adversarios y aniquilar a sus enemigos, sin escrúpulo ni remordimiento.
Poderosas fuerzas políticas se han alineado varias veces en su contra, pero no lo han podido derrotar, mientras la fama pública de este hombre que nació en tierras juchitecas, es un contrasentido de la realidad política. Ulises Ruiz, visto en función de resultados, es un ganador que divide pasiones. Muchos lo detestan; la mayoría de los mexicanos inclusive si uno se atiene a las encuestas que lo ubican entre los políticos más negativos. Pero muchos lo aprecian por su trabajo político en momentos coyunturales, consejos en tiempos de crisis y apoyos en procesos electorales. Genera repudio por el cinismo con el cual recluta a sus oponentes –con dinero y favores–, pero al mismo tiempo, provoca resignación política por la eficacia de sus audaces chicaneras.
“¿Para qué gastas tanto dinero en obras?”, le dijo hace unos meses a un gobernador. “Ni las carreteras ni los puentes votan. Yo no hago obra. Tengo 42 mil millones de pesos para la elección”. ¿Puede haber alguien más cínico en la política mexicana, donde algunos hombres de poder pueden y hacen lo mismo, pero no lo cantan a los cuatro vientos? A Ulises Ruiz esas cosas no le importan. Sus ojos de lanza y la sonrisa labrada sobre la cara subrayan su realidad: lo que quiere son resultados favorables, siempre para él.
En escasos tres meses tiene una prueba más, las elecciones para la gubernatura en Oaxaca, donde su candidato, Eviel Pérez Magaña, un buen hombre de muy bajo perfil, afable e incondicional de él, se enfrenta al carismático senador Gabino Cué, a quien Ruiz derrotó apretadamente hace seis años, y que hoy en día es la síntesis de las aspiraciones de prácticamente todos los partidos de oposición en contra no sólo del PRI, sino de Ulises Ruiz y lo que representa.
¿Qué es lo que representa el gobernador?
Las caricaturas de los diarios, a través de los años, lo han expresado. Siempre aparece dibujado como un dinosaurio y como un mapache, lo que transmite la imagen de un político hecho en el viejo régimen de caciques y gobernantes autócratas, y de un tramposo sempiterno en las urnas.
Desde años antes de ser gobernador, Ruiz era considerado el operador político por excelencia en el PRI. Es probable que ese nivel no sea realmente el adecuado para el gobernador de Oaxaca –hay otros operadores que bien podrían disputarle el liderato–, pero nadie duda de su conocimiento del electorado en varias partes del país y de los incentivos que se necesitan para impulsarlos en una sola dirección al momento de que se encuentran solos ante la urna, con un ingrediente adicional en su favor: si bien es cierto que deja todo apestoso a su paso, lo que no deja son huellas para que lo atrapen.
Su prueba de fuego fue en 2006, cuando se unieron fuerzas políticas para derrocarlo. Un plantón de maestros de la Coordinadora, que es el grupo disidente del SNTE, se volvió a colocar a mediados de mayo en el Zócalo de Oaxaca, como lo habían hecho durante 26 años. Las negociaciones tradicionales con ellos no tuvieron efecto, porque había motivaciones adicionales, y al conflicto magisterial se le añadieron demandas políticas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que buscaban como fin su caída.
La APPO reunía comunidades cansadas de la forma de gobernar de Ruiz, pero también a miembros de la Coordinadora –algunos vinculados con el EPR– y a dirigentes sociales, varios de cuyos líderes recibían instrucciones del ex gobernador José Murat, quien había dejado a Ruiz como su sucesor, pero con quien se distanció desde los primeros meses del nuevo Gobierno por una purga que realizó contra varios colaboradores cercanos de Murat –según dice él–, y por- que no quiso abrir la puerta de negocios a Murat –de acuerdo con el gobernador actual–. A ese bando se le unió otro, el del Gobierno federal, que cabildeó el mentor de Cué y ex gobernador Diódoro Carrasco, que ya se había ido al PAN, quien convenció al entonces presidente Vicente Fox de que era la oportunidad para acabar con Ruiz.
Fox le prometió la ayuda federal para disolver un plantón que se extendió por ocho meses y lastimó la economía de Oaxaca en niveles que aún no termina de recuperarse, y lo engañó. Cuando Ruiz envió a su policía en una operación de madrugada para acabar con el plantón, las fuerzas federales, que debían encabezarla, nunca llegaron. El responsable de esas fuerzas, hoy diputado del PRI, Ardelio Vargas, le dijo a Ruiz por teléfono con sus contingentes listos para partir: “No me dieron la orden de salir”.
Ruiz entendió de lo que se trataba y con su gladiador Jorge Franco, comenzó a buscar la solución. “Con dinero –decía Fernando Gutiérrez Barrios–, todo es más barato”. Ruiz, con 20 millones de pesos repartidos entre los dirigentes de la Coordinadora, encabezada en ese momento por Enrique Rueda, puso fin al largo conflicto. Dinero, no obras, como repite Ruiz, es la clave.
“Ruiz ganará la elección”, dice un empresario local anticipando una nueva derrota de Cué. “Cada quince días un presidente municipal de oposición se pasa al PRI”. Nadie ha podido vincular, hasta ahora, si ese cambio súbito de lealtades políticas tiene un origen monetario, pero ya hay fuga sistemática de opositores. Un golpe magistral lo dio recientemente con un ex gobernador interino y el fundador de Convergencia en Oaxaca, y durante años sólida mano detrás de Cué, Jesús Álvarez Martínez, quien hoy en día despacha como el representante del gobernador Ruiz en la Ciudad de México.
Ruiz está jugando todo por ganar y tener, por un lado, tranquilidad cuando el Congreso local revise la cuenta pública de su administración; y por el otro, una vida transexenal. Ya dijo que buscará la presidencia del PRI al terminar su Gobierno, que es una aspiración irrealizable si no gana Oaxaca. Para él, no hay problema. “Ganaremos por más de cien mil votos”, vaticina. La diferencia no refleja lo cerrado de la contienda. Pero no falta mucho para ver si Ruiz mantiene su racha ganadora o si, finalmente, le encontraron su punto débil, y lo regresan a su pueblo de Chalcatongo, que en tiempos prehispánicos era un panteón de reyes.
Empresas afines a Ulises Ruiz encargadas de boletas electorales y el PREP de Oaxaca
Rosalía Vergara
Empresas afines al gobernador Ulises Ruiz se encargarán del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), de la elaboración de la papelería electoral, incluidas las boletas de votación, así como del monitoreo de medios, denunció hoy la coalición Unidos por la Paz y el Progreso que postula a Gabino Cué como candidato a la gubernatura.
En voz del líder nacional del PAN, César Nava, la coalición denunció que el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Oaxaca, que preside José Luis Echeverría, adjudicó ilegalmente licitaciones directas a gente cercana a Ulises Ruiz, con el propósito de influir en el resultado de la contienda.
Advirtió que debido a la injerencia del gobernador Ulises Ruiz, el presidente del Instituto Estatal Electoral está poniendo en riesgo la transparencia del proceso electoral de Oaxaca.
El PRD, PT y Convergencia integran el Diálogo para la Reconstrucción de México, conocido como DIA, cuyo coordinador general es el exregente del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís, quien estuvo presente en la conferencia.
En la rueda de prensa, a la que no asistió Alberto Anaya, líder del PT, el panista César Nava denunció que “mediante asignaciones directas, sin control, Echeverría tendrá en sus manos la posibilidad de imprimir más boletas electorales, modificar papelería, sesgar el monitoreo y manipular la presentación de los resultados el día de la elección”.
Nava agregó que ante el riesgo de que Ulises Ruiz intente consumar un fraude electoral el próximo 4 de julio en Oaxaca, la coalición inició ya una campaña para invitar a observadores “de todo el mundo” para que vigilen el proceso electoral; además de que un grupo de expertos estará atento para denunciar posibles manipulaciones del PREP.
“La elección de Oaxaca es fundamental para toda la nación. Por eso deben frenarse de inmediato estas prácticas, para que las instituciones ofrezcan la debida imparcialidad y transparencia del proceso”, expresó.
El pasado 4 de mayo, el columnista Isidoro Yescas publicó en el periódico Noticias de Oaxaca que las empresas ganadoras de las licitaciones son: Verificación y Monitoreo SA de CV, para servicio de monitoreo general; Diseño Reconstrucción y Comunicación SA de CV, para elaboración de material electoral; Grupo Proisi SA de CV, para el PREP; y Litho Formas SA de CV, para la impresión de boletas electorales, actas y demás documentación electoral.
Tres días después, el 7 de mayo, Convergencia promovió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un juicio de revisión constitucional para pedir la información que el IEE catalogó como reservada y confidencial, respecto de las actas constitutivas de la empresa y los contratos para la adjudicación de estos servicios. La sentencia está pendiente de resolución.
Al respecto, el diputado panista Javier Corral informó que este viernes 14 de mayo el PAN presentará ante el IEE una queja formal en la que impugnará dichas licitaciones, ante la falta de transparencia y legalidad en el proceso.
“Quiere Ulises Ruiz revertir lo que dicen las encuestas: que su candidato, el priista Eviel Pérez Magaña, va abajo del candidato de la coalición, Gabino Cué, en las encuestas”, indicó el diputado Corral, quien denunció que en Veracruz, el gobierno de Fidel Herrera ha actuado de la misma manera.
Por su parte, Jesús Ortega fue más allá y consideró que en estados como Aguascalientes, Chihuahua y Sinaloa los organismos electorales están controlados por los gobiernos estatales priistas.
A su vez, el coordinador del DIA, Manuel Camacho Solís, respaldó la solicitud, y adelantó que la petición formal la realizará el Partido Acción Nacional.
Comentarios:
Ya se sabe que URO, va a hacer hasta lo imposible por retener la gubernatura, pues para eso tiene el poder del gobierno ¿no?, ya dio órdenes en la unión europea, para que anulen las calumnias que le han hecho con respecto a los ataques de periodistas en su Estado. Vaya que es muy ¡¡¡ LISTO!!!.
SI CALIGULA NOMBRO CONSUL A SU CABALLO, ULISES QUIERE NOMBRAR A SU AMANTE "TITIS" PRESIDENTA MUNICIPAL DE LA CAPITAL; QUE TAL ? ASI NOMAS PODEMOS LOS PRIISTAS.
Todo Ulises es PRI. Viva el PRI, Don Ulises y su casi hermano Peña Nieto. Viva también Eviel Pérez por ser Ulises Ruíz reencarnado, no podía tener mejor padrino y apoderado...Hasta sus boletas particulares le mandó a hacer. Así si gana el condenado.¡MUERAN LOS DEMÁS OAXAQUEÑOS! Sólo Ruíz y su delfín tienen derecho y poder. Pere ser felíz sólo con Ruíz.
13 may 2010
La elección de Oaxaca
José Gil Olmos/Proceso
"La derrota para Ulises Ruiz sería la señal de arranque para el inicio de juicios dentro y fuera del país por tribunales judiciales y de derechos humanos. En el caso de la alianza que encabeza Gabino Cué, para los partidos que la conforman es esencial ganar en Oaxaca. Y lo es porque los posicionaría en un mejor nivel de contienda para los dos años que vienen, sobre todo por las derrotas que han tenido en varias entidades donde gobernaban."
Es muy probable que la elección de Oaxaca sea la más disputada e importante de las 12 que este año se realizarán en todo el país. Y lo es por razones de estrategia política para todos los partidos, pues es el único estado donde la alianza entre el PRD, el PT y el PAN tiene posibilidad de ganar; en tanto, para el PRI representa la oportunidad de acabar con ese experimento electoral y posicionarse con todo para el 2012.
La elección en Oaxaca es emblemática en muchos sentidos para la vida política nacional. Más allá de los regionalismos en los que se suele caer cuando se habla de una elección estatal –como decir, por ejemplo: “es el experimento o el laboratorio político para todo el país”–, en el caso de los comicios en esta entidad hay elementos para considerar que el resultado es fundamental para los actores y partidos involucrados.
En Oaxaca nació, hace seis años, la primera coalición de partidos antagónicos ideológicamente, cuando se unieron PRD, PAN, Convergencia y PT, con el agregado apoyo de la maestra Elba Esther Gordillo, que apoyaron a Gabino Cué contra el priista Ulises Ruiz, quien al final logró un triunfo cuestionado. Hoy esos mismos partidos vuelven a enfrentarse casi con los mismos actores: de parte de la alianza opositora repite Cué, mientras que el candidato del PRI-PVEM es Eviel Pérez Magaña.
Aunque para el PRI el gobernador Ulises Ruiz ya no es un activo político, sino todo lo contrario, por los cuestionamientos a nivel nacional e internacional, que lo ponen como un violador a las garantías y derechos humanos de los oaxaqueños, no puede dejar al abandono esta elección y perder miles de votos rumbo a la contienda presidencial del 2012. Es por ello que en días próximos Enrique Peña Nieto estará en Oaxaca para apoyar a Eviel Pérez Magaña.
Personalmente, para Ulises Ruiz ganar la elección en su estado es de vida o muerte política. Si pierde, de inmediato estaría sujeto a juicios políticos y judiciales, ya que antes, durante y después del conflicto de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), en 2006, utilizó la fuerza del estado para reprimir a los integrantes de un movimiento social que exigía su renuncia. Casi todas las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, como la ONU, Human Rigths Watch, Amnistía Internacional y la comunidad europea, entre otras, han calificado a Ulises Ruiz como un gobernante represor.
A nivel nacional, mientras tanto, todas las agrupaciones civiles lo responsabilizan de decenas de muertes, cientos de detenidos y algunos desaparecidos, así como de ataques de grupos parapoliciacos o paramilitares. El gobernador oaxaqueño necesita del manto protector de su posible heredero y también del PRI nacional, al que ha apoyado financieramente desde que empezó su debacle en 2000 y, sobre todo, desde que llegó al gobierno del estado haciendo uso de los recursos públicos para pagar la nómica y las deudas dejadas por su mentor político, Roberto Madrazo, tras su derrota en la contienda presidencial de 2006.
La derrota para Ulises Ruiz sería la señal de arranque para el inicio de juicios dentro y fuera del país por tribunales judiciales y de derechos humanos. En el caso de la alianza que encabeza Gabino Cué, para los partidos que la conforman es esencial ganar en Oaxaca. Y lo es porque los posicionaría en un mejor nivel de contienda para los dos años que vienen, sobre todo por las derrotas que han tenido en varias entidades donde gobernaban.
PAN y PRD, principalmente, le apostaron a una alianza para poner un alto al PRI, que en los dos años anteriores recuperó buena parte de su poder en todo el país y en el Congreso de la Unión. A pesar de las críticas por la contradicción ideológica y programática que significaba una coalición, mantuvieron su voluntad y se unieron en varios estados para lanzar candidaturas comunes. Pero de acuerdo con diversas encuestas en casi todas las elecciones, sólo en Oaxaca tienen posibilidad de ganar.
Ganarle al PRI en Oaxaca significaría para las dirigencias del PAN y el PRD una bocanada de oxígeno y un poco de aliento. Pero no sólo es importante para esos partidos una derrota del priista Eviel Pérez Magaña, también lo es para la sociedad civil de Oaxaca, ya que representaría la posibilidad de llevar a juicio a Ulises Ruiz y a varios de sus colaboradores por los abusos cometidos en su administración, y cerrar uno de los capítulos más lamentables de la historia oaxaqueña. Nunca antes un movimiento social como el de la APPO había sido tan castigado como ocurrió en 2006, cuando Ulises Ruiz desató una persecución contra todos y cada uno de sus miembros, llegando al uso de grupos parapoliciacos o paramilitares que actuaron bajo el amparo de la indolencia oficial.
La violencia generada ese año puso en la tablita al gobernador, pero fue salvado por la misma situación política, ya que ni al gobierno de Vicente Fox ni al PRI les convenía que Ulises Ruiz renunciara, dejando que creciera un movimiento social como la APPO, en plena contienda presidencial. La sociedad oaxaqueña tuvo que pagar los altos costos de 26 muertos, más de medio millar de detenidos y una decena de desaparecidos. La herida provocada entonces aún no cierra. Sólo un juicio imparcial y honesto sobre Ulises Ruiz y sus colaboradores podría hacer cicatrizar esta herida, pero ello no ocurrirá si el PRI gana el próximo 4 de julio. Por estas circunstancias es que la elección en Oaxaca es particularmente importante. La violencia es una amenaza en medio de este juego en el que nadie quiere perder.
Ensombrece el narco las próximas elecciones en 15 estados
José Luis Uribe
Diversos sectores de la sociedad, y especialistas en seguridad nacional advierten que la influencia del crimen organizado, en algunos de los 15 estados donde se renovarán poderes locales, agrega factores de tensión y riesgo a los comicios. Estiman que la presencia del narcotráfico y la violencia serán factores en las elecciones que se realizarán este 2010, toda vez que la reconfiguración del mapa político coincide con su disputa por el control de territorios.
Los especialistas consideran que la contienda política venidera pudiera tener, como ingrediente adicional; creciente violencia en numerosas localidades incluido el financiamiento ilícito, amenazas a candidatos, uso del tema para campañas de desprestigio y el miedo que puede inhibir la participación de la sociedad, tanto en campañas como en la jornada electoral.
El 4 de julio, eligen gubernatura, Congreso local y presidencias municipales los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas: Hidalgo renueva gubernatura y Congreso local, en tanto que, Baja California y Chiapas eligen Congresos y ayuntamientos. Además, el 16 de mayo en Yucatán tiene elección de diputados locales y alcaldes.
En total se disputan mil 633 cargos de elección popular, más los 418 alcaldes en Oaxaca mediante derecho consuetudinario.
Como se señaló anteriormente, estas disputas políticas tienen un ingrediente adicional: el ambiente de violencia que se vive en numerosas localidades del país, derivado de la acción del narcotráfico y los empeños gubernamentales por combatirlo.
La prensa nacional (Reforma) señala que entre 2007 y 2009 se registraron 8 mil 769 ejecuciones en dichos estados (62.3 por ciento de las ocurridas en todo el país), y en lo que va del 2010, hasta principios de abril, ha contabilizado mil 684 ejecuciones en esos mismos territorios.
Señala, que cuatro de los estados más violentos del país irán a elecciones: Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas y Durango, y de enero a abril suman ya mil 512 ejecuciones, más de la mitad de las registradas en todo el territorio nacional en el primer trimestre del año (2 mil 536).
Basta recordar que entre 2007 y 2009 se registraron 8 mil 769 ejecuciones en dichos estados (62.3 por ciento de las ocurridas en todo el país), y en lo que va del 2010, la prensa nacional ha contabilizado mil 684 ejecuciones en esos mismos territorios. Lo cual se incrementa si consideramos que cuatro de los estados de la República con mayor índice de violencia – asesinatos de México irán a elecciones: Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas y Durango, que en lo que va del año suman ya mil 512 ejecuciones; más de la mitad de las registradas en todo el territorio nacional en el primer trimestre del año (2 mil 536).
Chihuahua: es considerado el estado más violento, con más de 4 mil 400 ejecuciones en lo que va del sexenio. En la entidad son permanentes los secuestros, extorsiones, enfrentamientos entre bandas criminales y ejecuciones.
Sinaloa: tierra de los Beltrán Leyva y de El Chapo Guzmán, la entidad sufre el rompimiento entre ambas organizaciones. Diariamente ocurren ejecuciones, secuestros, extorsiones y enfrentamientos.
Tamaulipas: la presencia del narco llega a tal grado, que el PAN –con información proporcionada por la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional– decidió cancelar sus procesos internos para elegir candidatos y designarlos desde el Comité Ejecutivo Nacional.
Durango: señalada como residencia de El Chapo, la entidad padece ejecuciones, enfrentamientos y secuestros en menor escala que Chihuahua o Sinaloa.
Veracruz: considerada centro de operaciones del Cártel del Golfo. La presencia del crimen organizado se ha manifestado con ataques a instalaciones militares, narcomensajes con amenazas.
Otros estados que renuevan su gubernatura son considerados puntos clave para el tráfico de drogas, de acuerdo con información de diarios y revistas de circulación nacional.
Oaxaca: entre 2007 y 2008 hubo un repunte en los secuestros presuntamente vinculados con la presencia de Los Zetas en el Istmo y otras regiones del estado. Es considerado zona de producción de mariguana y paso de drogas de la ruta del Pacífico. La entidad se caracteriza por la presencia de la guerrilla, desapariciones forzadas, asesinatos con tintes políticos y abusos de autoridad en contra de los opositores.
Quintana Roo: se ha convertido en punto de disputa entre los Beltrán Leyva y Los Zetas. En septiembre del 2009 fueron detenidos el delegado y subdelegado de la PGR, el secretario estatal de seguridad pública y el jefe de la Policía Turística por supuestos nexos con el narco. En febrero de ese año fue ejecutado el general de brigada Mauro Enrique Tello Quiñones, encargado de integrar un grupo élite de combate al narco en Cancún.
Puebla: tras la captura de Arturo Beltrán Leyva, en diciembre del 2009, trascendió que este capo operaba en esta entidad. Investigaciones de la PGR señalan que la Casa de Cambio Puebla fue usada desde 2008 para lavar dinero del Cártel de Sinaloa y cárteles colombianos.
Zacatecas: en mayo del 2009, 53 reos vinculados a Los Zetas fueron liberados del penal de Cieneguillas por un comando. Ese mismo mes, David Monreal, hermano del senador y ex gobernador Ricardo Monreal, fue vinculado con el aseguramiento de 14.5 toneladas de mariguana. Los Monreal acusaron fines políticos en la filtración de las indagatorias y acusaron a la gobernadora Amalia García de dejar crecer al narco en la entidad.
Hidalgo: en 2009 fueron atacadas bases policiacas en el estado por presuntos narcotraficantes. En septiembre, las fuerzas federales capturaron a 31 policías municipales, estatales y mandos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal por presuntos vínculos con Los Zetas.
Aguascalientes: conocida tradicionalmente por su tranquilidad y prosperidad, la plaza fue tomada por grupos criminales. En octubre del 2008, tras gestiones hechas por senadores del PAN que se quejaron ante la Presidencia por el deterioro de la seguridad durante el gobierno del también panista Luis Armando Reynoso Femat, el general Eugenio Hidalgo Eddy llegó a la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
Tlaxcala: registra pocas ejecuciones y actos relacionados con el narco en lo que va del sexenio. Sin embargo, en enero del 2009 un militar llegó a hacerse cargo de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública: el general retirado José Leopoldo Martínez González.
Chiapas: es considerado punto estratégico para el tráfico de armas y drogas a través de la frontera con Guatemala, según análisis de la Revista Enfoque.
Ulises, el enemigo de todos
José Gil Olmos/ProcesoDiversos actores políticos y sociales vaticinan para Oaxaca un proceso electoral que, en el mejor de los casos, será complicado. La saliente administración de Ulises Ruiz, teñida de violencia y sangre, mantiene crispada a la entidad... y no son pocas las voces que le achacan al mandatario priista las peores intenciones para el 4 de julio próximo. Tanto así, que su delfín ya empezó a tomar distancia...
La estimación más benevolente que los propios actores políticos oaxaqueños hacen acerca de la elección del próximo 4 de julio es que será complicada. Algunos, incluso, no descartan que estalle la violencia.
La situación del estado –ubicado entre los tres más pobres del país– y la forma en que lo gobernó Ulises Ruiz, afirman, ensombrecen el panorama. Esto afecta, sobre todo, al candidato del PRI, Eviel Pérez Magaña, quien ya se deslinda y señala que el mandatario tendrá que responder por sus errores.
“Si gano, no solaparé a nadie”, anuncia.
Apenas en el segundo día de su campaña, la declaración del aspirante a gobernador por la alianza PRI-PVEM sorprende, pues los oaxaqueños consideran que sin la ayuda de Ruiz no habría logrado la candidatura.
–Como candidato priista, ¿hereda esta carga tan pesada del gobierno de Ulises Ruiz, que ha sido calificado como violador de las garantías individuales por la Suprema Corte de Justicia?
–Es un dictamen del que, aunque respeto, difiero por las mismas incongruencias que se vieron vertidas en él. Yo veo una situación que es importante que quede clara: seré respetuoso de las autoridades, pero el gobernador Ulises Ruiz tendrá que rendir cuentas a aquellas que le hagan alguna observación. Él, además de ser gobernador, es un ciudadano común y corriente que, en su momento, va a tener que enfrentar sus acciones.
–¿No siente que vaya a tener esta carga, esta herencia?
–Yo no tengo por qué cargar con herencias que le hayan hecho bien o mal a Oaxaca; yo lo que quiero es cargar lo positivo, la energía positiva que tienen los oaxaqueños; quiero poner en alto esa historia que han aportado los oaxaqueños a México y al mundo; quiero poner en alto al más grande de los oaxaqueños: Benito Juárez; poner en alto a la gente que ha hecho cultura.
“Ha llegado la hora de poner todo eso en alto y dejar allá, abajo, como un recuerdo, que tengamos siempre presente, los errores de quien haya sido”, sostiene.
–¿Entonces no piensa encubrir ni solapar a nadie… a Ulises Ruiz?
–De ninguna manera. Por eso hablo de fortalecer las instituciones, de construir un gobierno con las mejores y con los mejores oaxaqueños, un gabinete con gente comprometida con Oaxaca, gente de buena fe. Hoy debemos tener como meta la prosperidad de todos los oaxaqueños.
En entrevista efectuada la mañana del lunes 3, faltando muy poco para el arranque de su campaña, el domingo, Eviel Pérez Magaña dice que, si llega a ser gobernador, incluso estaría dispuesto a realizar auditorías a la administración de Ulises Ruiz.
“Las necesarias. Es una obligación de las instancias encargadas de ello. Daré instrucciones para que, de manera permanente, haya análisis, las auditorías necesarias para el buen comportamiento del gobierno. El gobierno que sale tiene la responsabilidad de dejar claro cómo ha sido conformado nuestro pasado inmediato. Tendré la responsabilidad de supervisar cómo han sido utilizados los recursos y dar cuenta de ello. Eso lo voy a hacer en su momento, cuando sea gobernador.”
Envalentonado, el hoy extitular de la Secretaría de Obras Públicas también se lanza contra su principal contrincante, Gabino Cué, y critica tanto el apoyo que en su momento le dio Andrés Manuel López Obrador como la formación de la alianza del PAN, PRD, PT y Convergencia, que lo impulsa.
“Hay a quienes les faltan patas pa’ gallo y a quienes nos sobran patas pa’ gallo. Yo no necesito que vengan a respaldarme voces que en lo particular tienen pocas coincidencias y a las que une el interés del rencor y de la frustración de no poder haber hecho lo propio.”
–¿No se siente descobijado porque ninguno de los exgobernadores del PRI lo acompañó en su toma de posesión como candidato ni en su arranque de campaña?
–Decía que hay quienes necesitan que les vengan a poner espolones. Yo los traigo puestos, tengo patas pa’ gallo sin necesidad de que vengan a respaldarme esos coordinadores legítimos e ilegítimos que ahora se unen –responde el candidato priista.
Los fantasmas de la violencia
El asesinato de la activista mexicana Beatriz Alberta Cariño Trujillo y del finlandés Jyri Antero Jaakkola, el pasado 27 de abril, en la caravana humanitaria que iba hacia San Juan Copala, reavivó los temores de una nueva etapa de violencia en Oaxaca –como la sufrida en 2006 por el conflicto con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)– durante este proceso, en el que serán elegidos el gobernador, los diputados locales y las autoridades de 152 municipios.
Cada uno desde su posición, los dos aspirantes más fuertes al gobierno del estado ven la amenaza de que estalle la violencia. El candidato de la coalición Unidos por la Paz y el Progreso, Gabino Cué, advierte incluso de la tentación del gobernador de reventar el proceso electoral si viera que va perdiendo.
“Hoy tenemos un estado agraviado, un Oaxaca molesto, cansado de 80 años de gobiernos autoritarios. Llegamos a esta nueva elección en condiciones de un resquebrajamiento del tejido social, una descomposición de la vida pública”, asegura Cué, y enfatiza que Ulises Ruiz tiene la obligación de garantizar unas elecciones pacíficas.
En contraparte, el priista Eviel Pérez Magaña sostiene que es la oposición la que, de acuerdo con su discurso de campaña, busca el enfrentamiento.
“Veo con preocupación que se magnifique un problema que todos lamentamos, como el de San Juan Copala. Pareciera que es una provocación, pero esta no es la Oaxaca verdadera. Lo rechazo y exijo a las autoridades correspondientes que actúen, que la PGR tome el asunto y se esclarezca. No se vale que se quiera involucrar a personajes que ni siquiera estaban enterados.”
–¿Descarta que pueda haber una elección violenta?
–No lo descarto. Lo que sí tenemos que hacer es trabajar para que no sea así; las únicas voces que hablan de violencia son las que están en una alianza que tiene un lenguaje de confrontación.
Pero no sólo los dos aspirantes a gobernador tienen esa impresión. Otros actores la comparten, como el exdirigente estatal del PRI y exsecretario estatal de Salud, Juan Díaz Pimentel, quien adelanta que Ulises Ruiz tratará de reventar la elección si su candidato va perdiendo.
“Creo que Ulises Ruiz tiene dos escenarios: el primero, confundir a la opinión pública, atemorizarla para que no vote y, en un marco de abstención, hacer que su candidato gane con un margen pequeño.
“Pero si no pudiera hacerlo porque la gente fuera a votar, asegurando el triunfo de la oposición, el segundo escenario sería reventar la elección anulando por lo menos 20% de los sufragios con porros y golpeadores que inhabilitarían alrededor de mil casillas.
“Anular la elección provocaría que el Congreso nombrara a un gobernador provisional que convocaría a nuevos comicios, pero en un plazo de seis a 18 meses. Me parece que sí está en sus planes reventar la elección”, sostiene el expriista, quien rompió con Ulises Ruiz recientemente, luego de que fue acusado de desviar unos 320 millones de pesos de recursos federales que eran para equipar hospitales y para otros programas de salud.
La estrategia del fraude
Conocedor de las artimañas del priismo oaxaqueño y, sobre todo, de Ulises Ruiz, el doctor Juan Díaz Pimentel asegura en entrevista que ya se prepara el fraude.
“¿Cómo va a hacer el fraude? Primero, ya mandaron imprimir las boletas en un proceso oscuro, que no fue licitado. En la última sesión que tuvo el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, el representante de Convergencia pidió información de cómo se había firmado el contrato y cuál era la empresa, a lo que no obtuvo respuesta. Pero ninguno de los consejeros apoyó la propuesta, lo que parece sospechoso.”
También, agrega, hay un acuerdo en el Instituto Electoral, que aún no se aprueba, para que se disponga de boletas adicionales en cada casilla.
“Se habla de 28 boletas adicionales, y son más de 4 mil 700 casillas; es decir, arriba de 130 mil votos podrían, de manera ilegal, meterse a las urnas. La oposición tiene representantes, y no creo que logren el acuerdo al ciento por ciento, pero está esa posibilidad.”
En la página electrónica del Instituto Estatal Electoral no aparece dicho acuerdo, pero el exdirigente estatal del PRI señala: “La versión que me llegó es que, mediante una suma millonaria, se van a imprimir boletas de más, y con eso Ulises va a rellenar las urnas, si es que hay un resultado apretado, de dos o tres puntos”.
El doctor Díaz Pimentel, sobre quien hubo una orden de aprehensión –finalmente cancelada porque no se encontraron pruebas de un desvío de recursos–, insiste en que se debe saber cuál es la empresa en la que se mandarán a hacer las boletas electorales, y propone que la impresión se haga en los Talleres Gráficos de la Nación, a fin de alejar sospechas.
“Si a pesar de que no hay un argumento sólido para que se insista en saber qué empresa fue elegida para la impresión de las boletas –en un proceso amañado, porque no fue licitado como la ley lo indica–, la única salida para evitar el fraude es decirle al pueblo que vote, porque cuando la gente sale a votar, no hay fraude que la detenga.
“Sostengo que si sale a votar 50% del electorado, el PRI va a ser arrasado, porque ha ganado en las dos últimas elecciones con un abstencionismo de 75%.”
Experimentado en los procesos electorales de Oaxaca, pues participó en el Comité Directivo Estatal priista desde los gobiernos de Heladio Ramírez y José Murat, observa que el posible fraude podría fraguarse en las zonas rurales del Mixe bajo, la Mixteca y la Costa, “donde embarazan las urnas con votos ilegales”.
Pero no en las ciudades, donde, calcula, el PRI tiene amplias posibilidades de perder, como en la capital, Oaxaca, además de Xoxocotla, San Pedro Mixtepec, Santa Lucía, Huajuapan de León, Salina Cruz, Pochutla y Juchitán.
Sin embargo, advierte que de no darse una elección transparente y legal se estará construyendo una nueva confrontación en Oaxaca, con graves consecuencias.
“Yo no hablo mal del PRI, sólo del PRI que representa Ulises Ruiz, porque únicamente ha traído dolor y frustración a Oaxaca. Yo no podría estar en un partido donde ha privado el asesinato. Es muy raro que muchos que disienten del gobierno se mueren.”
Otro actor que también percibe señales de violencia electoral es la agrupación civil Servicios para una Educación Alternativa (Educa), que el mes pasado difundió un análisis en el que asienta que la herida del conflicto oaxaqueño de 2006 aún no se cierra.
Dice Educa: “En las últimas semanas hemos observado un aumento de la criminalidad en Oaxaca que va configurando un escenario de alto riesgo frente a este proceso. Muchos de estos hechos de sangre y fuego coincidieron extrañamente con algunos eventos políticos de las precampañas.
“Hemos atestiguado, en los meses de febrero y marzo, al menos tres tipos de violencia: del crimen organizado y del narcotráfico (Tuxtepec, Valle de Etla); política (Huaxpaltepec, Región Triqui), y casos de aplicación de justicia por propia mano (Salina Cruz, Oaxaca). Esta peligrosa combinación de violencia del crimen organizado, inestabilidad política y hartazgo social puede jugar a favor del PRI, que es al que le conviene sembrar terror en el electorado para inmovilizarlo y alejarlo de las urnas.”
Según dicha agrupación, hay tres escenarios de los resultados electorales. El primero es el triunfo de la alianza opositora Unidos por la Paz y el Progreso, para lo cual se requiere de la participación de 60% de la lista nominal y que la coalición promueva a sus candidatos con arraigo en municipios y regiones del estado.
El segundo es el triunfo del candidato del PRI-PVEM, para lo cual es necesario que la participación esté por debajo de 50% y que las candidatas del Partido Nueva Alianza (Panal), Irma Piñeiro, y del Partido Unión Popular (PUP), María de los Ángeles Abad, obtengan 3% de la votación.
Y, finalmente, que se presente un conflicto poselectoral derivado de que el PRI gane con un mínimo porcentaje y los sectores de la oposición prueben que se cometió un fraude.
“Este escenario nos colocaría frente a una grave crisis de gobernabilidad. Marcaría también el inicio de un nuevo ciclo de alzamiento ciudadano en defensa del voto”, manifiesta Educa.
Elección bajo vigilancia
En el arranque de las campañas en la capital del estado, la participación de simpatizantes de Gabino Cué fue bloqueada por la policía estatal, que impidió, al mediodía del domingo 2, el paso de 80 vehículos procedentes de Ocotlán y Tlacolula. De colonias de la ciudad y de algunos pueblos aledaños sólo llegaron unas 5 mil personas, lo cual puso en alerta al candidato opositor.
“En estos cinco años de gobierno de Ulises Ruiz se ha mostrado que no se ha consolidado la vida democrática en Oaxaca; al contrario, ha habido una regresión autoritaria”, sentenció Cué en entrevista.
“Los regímenes autoritarios –añadió– siempre apostarán a mantenerse en el poder a costa de lo que sea, más cuando se tiene la claridad de que hay descontento popular. Sabemos que en regímenes autoritarios, como el que se vive en Oaxaca, siempre está la tentación o es parte de su esencia: tratar de arrebatar o ganar a costa de lo que sea, y no por las vías democráticas.”
Cué indica que para Ulises Ruiz es vital el triunfo, y que por eso se están formando redes de funcionarios públicos a quienes se encomienda que lleven a votar de 10 a 20 personas, mientras que en algunas regiones, continúa, ya se están repartiendo recursos públicos en despensas, láminas y fertilizantes.
Frente a esto, asegura que su equipo ha conformado una amplia estructura para vigilar todas las casillas y que no caerán en ninguna provocación.
“Espero que Ulises Ruiz actúe de manera responsable para no violentar esta posibilidad institucional de darle cauce a Oaxaca”, puntualiza Gabino Cué.
–¿Hay ese temor?
–Sí, por eso los ojos de muchos actores políticos están sobre la elección en Oaxaca; es un tema de agenda nacional, y siempre existe el temor de que se violente la elección.
Subraya la importancia estratégica de ganar la elección en esta entidad: “Oaxaca, electoralmente, representa 480 mil votos para el PRI, y eso es fundamental para ellos. Lo que no sé es si Ulises Ruiz sigue siendo un activo para el PRI en su intento de regresar a Los Pinos; no representa un priismo joven, moderno, como quieren proyectar al partido, pero eso se lo tienen que preguntar a los priistas.
“Nosotros vamos a cuidar las 4 mil 761 casillas, vamos a tener la estructura suficiente, habrá observadores electorales y legisladores para blindar la elección. No vamos a permitir que le roben la esperanza a los oaxaqueños”, concluye Cué, quien por segunda vez consecutiva busca ser gobernador de un estado donde siempre ha dominado el PRI.
6 may 2010
Huele a violencia electoral
José Gil Olmos
El ataque armado a la caravana de observadores de derechos humanos en San Juan Copala prendió en Oaxaca los focos de alerta. Ahora se recuerda que Ulises Ruiz es el gobernador más violento y represor del país –a su régimen se le adjudican al menos 62 muertos y una decena de desaparecidos–, que practica el espionaje y que organiza “escuadrones de la muerte” para eliminar a sus adversarios. El riesgo es que se desencadene la violencia durante el proceso electoral, ante la indiferencia, hasta ahora, del gobierno federal.
Como ningún otro gobernador en funciones del país, Ulises Ruiz Ortiz se ha caracterizado por el uso de la fuerza y la violencia, pues grupos de derechos humanos nacionales y extranjeros atribuyen a su régimen una lista de 62 muertos, más de 500 detenidos y una decena de desaparecidos, todos por razones políticas, lo que lo identifica como represor social.
Tildado por algunos de sus propios compañeros de partido como “autoritario”, “tirano” y “represor”, Ulises Ruiz ha recurrido a la fuerza para imponerse, e incluso ha creado grupos armados paramilitares o parapoliciacos que actúan en las sombras de la ilegalidad y la clandestinidad, sembrando el terror entre organizaciones sociales, indígenas y campesinos del estado.
Ahora, en medio de la contienda electoral donde se siente seguro de ganar a través de su ungido, Eviel Pérez Magaña, el gobernador oaxaqueño también es acusado de espiar a sus adversarios, y la Procuraduría General de la República (PGR) ya abrió la averiguación previa 46/UEIDAPLE/LE/7/2010 para localizar a los responsables de realizar estas acciones ilegales contra personajes como el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del estado Raúl Bolaños-Cacho, quien en entrevista con Proceso dice que esto enturbia las elecciones del 4 de julio y advierte que, si el gobierno federal no interviene, puede haber graves hechos de violencia durante el proceso electoral.
De la misma manera se expresa Yésica Sánchez, directora de la oficina en Oaxaca de la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limedh), al indicar que es sumamente preocupante la emboscada a la caravana de observadores de derechos humanos en San Juan Copala, en la que murieron Beatriz Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus, A.C.) y Jyri Jaakkola, observador internacional de nacionalidad finlandesa, mientras que el periodista David Cilia y los activistas Noé Bautista y Mónica Citlali Santiago resultaron heridos.
Consultada al respecto por el reportero, la defensora de derechos humanos manifiesta que este suceso “es la comprobación de la existencia de grupos paramilitares o parapoliciacos apoyados por el gobierno. Lo ocurrido en San Juan Copala marca una realidad: que en Oaxaca hay muchos conflictos que se pueden prender en cualquier momento. No quiero ser pesimista, pero veo un escenario turbulento y violento para las elecciones de julio”.
Violencia e impunidad
En vísperas de las campañas electorales para la renovación del Congreso, las presidencias municipales y la gubernatura de Oaxaca, existe preocupación en la sociedad oaxaqueña por la forma en que Ulises Ruiz calificó el ataque a la caravana de observadores pues, tras rechazar su responsabilidad, señaló que se trató de un “enfrentamiento” entre la comunidad y un grupo de “activistas” nacionales y extranjeros.
Para Flavio Sosa, integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la postura del gobernador y las acciones violentas en San Juan Copala son una muestra más de la actuación de un gobierno “perverso” y de mano dura que Ulises Ruiz ha mantenido desde el inicio de su administración.
Inclusive antes, recuerda Sosa, en una etapa anterior a su arribo al gobierno estatal, Ulises Ruiz ya daba señales de su gusto por el uso de la violencia para conseguir sus objetivos.
En agosto del 2004, en un acto de su campaña electoral, un grupo de priistas encabezados por el diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano mató a palos al profesor Serafín García, quien apoyaba al candidato de la oposición Gabino Cué.
A pesar del escándalo generado por las imágenes del ataque tomadas por el fotógrafo Tomás Martínez y publicadas entonces por el diario Reforma, nunca se actuó contra Desiderio Concha, sino, al contrario, fue premiado, pues el 12 de agosto de 2009 fue declarado diputado federal electo por el Distrito 2 de Teotitlán de Flores Magón.
El día de la postulación como candidato de Desiderio Concha fue acompañado por Jorge Pineda Casimiro, alias El Diablo, quien más tarde, durante la campaña y en la referida agresión, fue fotografiado golpeando con un palo al anciano profesor, quien murió por ese acto de violencia que nunca fue castigado.
Ulises Ruiz “así ha ido. Comenzó encarcelando a opositores, haciendo obras sin consultar a la gente, y por eso estalló la rebelión en 2006. Durante todo este tiempo ha sido un gobierno que ha golpeado a la gente y que incluso ha mandado a asesinar usando la famosa Caravana de la Muerte”, asevera uno de los representantes de la APPO que fue encarcelado por órdenes de Ulises Ruiz.
“Un cacicazgo con el PRI de rehén”
Ulises Ruiz Ortiz es actualmente el gobernador que presenta los mayores índices de violencia y represión social, así como de violaciones a los derechos humanos y de asesinatos de líderes sociales.
En 2008 la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos presentó un informe sobre la situación en Chiapas, Oaxaca, y Atenco, Estado de México. Ahí, para el caso de Oaxaca, destacaba que entre junio de 2006 y abril de 2008 se documentaron 62 casos de homicidio por cuestiones políticas o sociales, entre los cuales destacaban los 26 muertos registrados durante el conflicto de la APPO.
Previamente a 2006, cuando se presentó el caso de la APPO, el gobierno de Ulises Ruiz ya tenía en su haber varios casos de líderes sociales asesinados, como el del profesor Serafín García, en Huautla de Jiménez, el 27 de julio de 2004; los de Jorge Enrique García Brenis, Marlon Roberto Miranda y Jorge Alberto Miranda, el 22 de mayo de 2005; el del líder social César Toimil, el 30 de noviembre de 2005, en la capilla de Acatlán de Pérez Figueroa. Y a esos crímenes se sumaron, en 2006, los perpetrados en contra de Neguib Tadeo Manriquez, Moisés Cruz Sánchez, Andrés Santiago Cruz, Octavio Martínez y el profesor universitario Pedro Martínez.
Considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un gobernante que ha violado las garantías individuales de los oaxaqueños, luego de que se investigó la forma como reprimió a la APPO en 2006. A Ulises Ruiz se le responsabiliza de haber marcado un alto saldo histórico de muertos, heridos, desaparecidos y reprimidos.
Raúl Bolaños-Cacho, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), con más de 40 años de militancia en el PRI, dice que, si se toma en cuenta el dictamen del máximo órgano de justicia del país, se ve con claridad lo que ha sido el gobernador Ruiz y su necesidad de que gane su candidato Eviel Pérez Magaña para protegerse del juicio de tribunales internacionales y de las investigaciones que aún no hacen las autoridades competentes.
–En un referente histórico, ¿cómo describiría al gobierno de Ulises Ruiz?
–Es un gobierno muy distanciado de la ciudadanía, que trata de perpetuarse en el poder usando todos los medios al alcance para seguir manteniendo un cacicazgo teniendo de rehén al PRI.
–Pero además pretende ganar y colocarse en el 2012…
–Bueno, trata de hacer una plataforma con el triunfo de Eviel Pérez Magaña para posicionarse y buscar la dirigencia nacional del PRI, algo que veo muy remoto porque en otros estados se ve a un priismo de vanguardia, de cara al siglo XXI, mientras que el priismo de Ulises Ruiz es retrógrada, absolutista, autoritario, que no da apertura a los cuadros internos y no acepta las opiniones contrarias. Eso es lo que ha prevalecido en estos seis años. Pero me parece que la ciudadanía oaxaqueña ha empezado a despertar y el resultado lo veremos el 4 de julio.
Escuadrones de la muerte
Durante el conflicto de la APPO, fue documentada la aparición de un grupo de sicarios dedicado a sembrar el terror entre los simpatizantes del movimiento popular que luchaba por un cambio de gobierno. A este grupo de sicarios se le conoció como la Caravana de la Muerte y se le achacó el asesinato de varios maestros y colonos, e incluso el homicidio del periodista estadunidense Brad Will.
En el informe sobre derechos humanos 2007-2009 Oaxaca, un régimen agrietado, de la agrupación civil Servicios para una Educación Alternativa (Educa), se asienta que varios funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz participaron en la organización y operación del grupo paramilitar, entre ellos la entonces procuradora Lizbeth Caña Cadeza y quienes fungieron como secretario de Protección Ciudadana, Lino Celaya, y como secretario de Gobierno, Jorge Franco, quien en la actualidad es diputado federal.
Flavio Sosa, por su parte, señala a otros funcionarios que participaron en estos aparatos de represión e inclusive de espionaje al servicio de Ulises Ruiz, como el secretario de Gobierno, Heliodoro Díaz Escárcega; Alejandro Barrita, quien fue director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial; Aristeo López Martínez, hoy excoordinador de Seguridad Pública, y los marinos José Manuel Vera Salinas, quien fue director general de Seguridad Pública, y Manuel Moreno Rivas, a la sazón director de la Policía Ministerial de Oaxaca.
Más aún, algunos de estos represores, ubicados en otras partes, siguen siendo severamente cuestionados por conductas parecidas, mientras que otros han sido ejecutados.
El 30 de enero de 2008, el teniente Alejandro Barrita fue abatido a tiros mientras hacía ejercicio en el parque deportivo El Tequio, por cuatro sujetos que portaban rifles de asalto AK-47 y R-15, así como pistolas de 9 milímetros. Casi un año después, el 23 de enero de 2009, otro de los personajes acusados de integrar la Caravana de la Muerte, Aristeo López Martínez, excoordinador de Seguridad Pública, también fue ejecutado de 30 balazos de armas largas cuando viajaba en su vehículo por la Calzada de la República en la capital oaxaqueña.
Curiosamente, ambos personajes también estaban involucrados en la detención y desaparición de dos cuadros políticos del EPR, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Ramírez Amaya, el 25 de mayo de 2007.
Otros dos personajes a los que se mencionó como parte del grupo paramilitar que actuó contra la APPO en 2006 son los mencionados marinos José Manuel Vera Salinas y Manuel Moreno Rivas, quienes trabajaron en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) bajo las órdenes del contralmirante Wilfrido Robledo, quien se desempeñaba como director de Seguridad. Fue también titular de la Policía Federal Preventiva (PFP) y director de Seguridad Pública del Estado de México, cargo éste del que fue destituido por la represión en Atenco.
“Así ha ido Ulises Ruiz. Durante todo el tiempo ha usado la asesoría de gente proveniente de la Secretaría de Marina. Hace poco fue encontrado un equipo de espionaje en Cancún a cargo del teniente de navío Manuel Vera Salinas, quien junto con el teniente de infantería Manuel Moreno Rivas fue pieza clave en todo la estrategia de contrainsurgencia y golpeteo a los opositores”, señala Flavio Sosa.
Efectivamente, durante la rebelión de la APPO los dos tenientes tuvieron una actuación destacada en los operativos policiacos, sobre todo en los destinados a detectar acciones del grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR). De hecho, estas actividades las venían realizando desde el gobierno de José Murat.
Cuando fracasó en el desalojo de los maestros del Zócalo de la capital oaxaqueña, el 14 de junio de 2006, Ulises Ruiz Ortiz tuvo que destituir a su secretario de Gobierno, Jorge Franco, operador de los grupos de choque, y al teniente Vera Salinas. Sin embargo, ambos siguieron operando en el control de los grupos opositores al gobernador.
Después del conflicto en Oaxaca, Vera Salinas se trasladó a Quintana Roo y fue nombrado director de Tránsito de Cancún. Ahí se vio envuelto en otro escándalo.
El 17 de abril pasado, elementos del Ejército descubrieron un centro de espionaje político en los condominios de Xcaret, Cancún. En el departamento se encontraron aparatos de alta tecnología de intervención telefónica de celulares y teléfonos fijos, grabadoras, computadoras, cámaras de rayos infrarrojos y dispositivos de seguimiento para personas y autos.
Las autoridades de Quintana Roo señalaron que el centro de espionaje era operado por el teniente de navío Manuel Vera Salinas, coordinador de seguridad del municipio de Benito Juárez (Cancún), y que estaba a cargo de una persona llamada Juan Ramírez, contra quien la PGR abrió la averiguación previa PGR7QROO/CAN/193/20-II, por el delito de intervención de comunicaciones privadas.
Espionaje oaxaqueño
Desde el inicio de la administración de Ulises Ruiz, los líderes sociales y políticos del estado manifestaron su preocupación por el espionaje y el seguimiento de que eran objeto por parte del gobierno. Aunque había quejas, no se había presentado ninguna acusación hasta que en las últimas semanas se conoció de una denuncia anónima –interpuesta ante la PGR– de espionaje telefónico en Oaxaca.
El 18 de marzo pasado, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR abrió la averiguación previa 46/UEIDAPLE/LE/7/2010, y ha citado a varias personas que presuntamente son espiadas, entre ellos el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del estado Raúl Bolaños-Cacho.
En entrevista, el magistrado con licencia lamentó que algunas personas se estén dedicando a esos actos ilegales, pero sobre todo que lo hagan en este momento, cuando arranca el proceso electoral, y contra personas que son ajenas al gobierno y al PRI.
“Pienso que es el inicio de una guerra mediática que el gobierno de Oaxaca está aplicando como parte de la estrategia para que gane su candidato, pero debe tener cuidado porque como gobernante debe preservar la paz y garantizar la tranquilidad para las elecciones del 4 de julio.”
El magistrado sostiene que es preciso que el gobierno federal intervenga porque de las 12 elecciones que habrá este año en el país, la de Oaxaca es la más peligrosa por la violencia que se puede desatar, como la que se ha empezado a ver en el ataque a la caravana humanitaria en San Juan Copala.
“Creo – añade– que ya hay indicadores preocupantes que deben hacer voltear la mirada del gobierno federal. Los focos rojos se empiezan a encender en el estado. Nosotros apostamos a que haya saldo blanco y no se presente una violencia que oscurezca más el panorama de Oaxaca, pero la elección debe ser vista como un asunto de seguridad nacional.”
En esto coincide el integrante de la APPO Flavio Sosa, para quien el ataque a la caravana de observadores de derechos humanos y periodistas en San Juan Copala es una señal de la violencia que se puede generar durante el proceso electoral.
Sobre todo porque ya hay antecedentes de la actuación de grupos armados, quienes en fechas recientes han herido de bala a 10 niños y niñas, dice la directora de la Limedh, Yésica Macías, y porque el 7 de abril de 2008 asesinaron a Teresa Bautista Flores y a Felicitas Martínez Sánchez, locutoras de la radio comunitaria La voz que rompe el silencio. Además de que en septiembre y octubre de ese año asesinaron también a otros dos habitantes del lugar, Aurelio Hernández González y Aniceto Martínez Ramírez, sin que el gobierno de Ulises Ruiz hiciera algo para detenerlos.
El ataque armado a la caravana de observadores de derechos humanos en San Juan Copala prendió en Oaxaca los focos de alerta. Ahora se recuerda que Ulises Ruiz es el gobernador más violento y represor del país –a su régimen se le adjudican al menos 62 muertos y una decena de desaparecidos–, que practica el espionaje y que organiza “escuadrones de la muerte” para eliminar a sus adversarios. El riesgo es que se desencadene la violencia durante el proceso electoral, ante la indiferencia, hasta ahora, del gobierno federal.
Como ningún otro gobernador en funciones del país, Ulises Ruiz Ortiz se ha caracterizado por el uso de la fuerza y la violencia, pues grupos de derechos humanos nacionales y extranjeros atribuyen a su régimen una lista de 62 muertos, más de 500 detenidos y una decena de desaparecidos, todos por razones políticas, lo que lo identifica como represor social.
Tildado por algunos de sus propios compañeros de partido como “autoritario”, “tirano” y “represor”, Ulises Ruiz ha recurrido a la fuerza para imponerse, e incluso ha creado grupos armados paramilitares o parapoliciacos que actúan en las sombras de la ilegalidad y la clandestinidad, sembrando el terror entre organizaciones sociales, indígenas y campesinos del estado.
Ahora, en medio de la contienda electoral donde se siente seguro de ganar a través de su ungido, Eviel Pérez Magaña, el gobernador oaxaqueño también es acusado de espiar a sus adversarios, y la Procuraduría General de la República (PGR) ya abrió la averiguación previa 46/UEIDAPLE/LE/7/2010 para localizar a los responsables de realizar estas acciones ilegales contra personajes como el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del estado Raúl Bolaños-Cacho, quien en entrevista con Proceso dice que esto enturbia las elecciones del 4 de julio y advierte que, si el gobierno federal no interviene, puede haber graves hechos de violencia durante el proceso electoral.
De la misma manera se expresa Yésica Sánchez, directora de la oficina en Oaxaca de la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limedh), al indicar que es sumamente preocupante la emboscada a la caravana de observadores de derechos humanos en San Juan Copala, en la que murieron Beatriz Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus, A.C.) y Jyri Jaakkola, observador internacional de nacionalidad finlandesa, mientras que el periodista David Cilia y los activistas Noé Bautista y Mónica Citlali Santiago resultaron heridos.
Consultada al respecto por el reportero, la defensora de derechos humanos manifiesta que este suceso “es la comprobación de la existencia de grupos paramilitares o parapoliciacos apoyados por el gobierno. Lo ocurrido en San Juan Copala marca una realidad: que en Oaxaca hay muchos conflictos que se pueden prender en cualquier momento. No quiero ser pesimista, pero veo un escenario turbulento y violento para las elecciones de julio”.
Violencia e impunidad
En vísperas de las campañas electorales para la renovación del Congreso, las presidencias municipales y la gubernatura de Oaxaca, existe preocupación en la sociedad oaxaqueña por la forma en que Ulises Ruiz calificó el ataque a la caravana de observadores pues, tras rechazar su responsabilidad, señaló que se trató de un “enfrentamiento” entre la comunidad y un grupo de “activistas” nacionales y extranjeros.
Para Flavio Sosa, integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la postura del gobernador y las acciones violentas en San Juan Copala son una muestra más de la actuación de un gobierno “perverso” y de mano dura que Ulises Ruiz ha mantenido desde el inicio de su administración.
Inclusive antes, recuerda Sosa, en una etapa anterior a su arribo al gobierno estatal, Ulises Ruiz ya daba señales de su gusto por el uso de la violencia para conseguir sus objetivos.
En agosto del 2004, en un acto de su campaña electoral, un grupo de priistas encabezados por el diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano mató a palos al profesor Serafín García, quien apoyaba al candidato de la oposición Gabino Cué.
A pesar del escándalo generado por las imágenes del ataque tomadas por el fotógrafo Tomás Martínez y publicadas entonces por el diario Reforma, nunca se actuó contra Desiderio Concha, sino, al contrario, fue premiado, pues el 12 de agosto de 2009 fue declarado diputado federal electo por el Distrito 2 de Teotitlán de Flores Magón.
El día de la postulación como candidato de Desiderio Concha fue acompañado por Jorge Pineda Casimiro, alias El Diablo, quien más tarde, durante la campaña y en la referida agresión, fue fotografiado golpeando con un palo al anciano profesor, quien murió por ese acto de violencia que nunca fue castigado.
Ulises Ruiz “así ha ido. Comenzó encarcelando a opositores, haciendo obras sin consultar a la gente, y por eso estalló la rebelión en 2006. Durante todo este tiempo ha sido un gobierno que ha golpeado a la gente y que incluso ha mandado a asesinar usando la famosa Caravana de la Muerte”, asevera uno de los representantes de la APPO que fue encarcelado por órdenes de Ulises Ruiz.
“Un cacicazgo con el PRI de rehén”
Ulises Ruiz Ortiz es actualmente el gobernador que presenta los mayores índices de violencia y represión social, así como de violaciones a los derechos humanos y de asesinatos de líderes sociales.
En 2008 la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos presentó un informe sobre la situación en Chiapas, Oaxaca, y Atenco, Estado de México. Ahí, para el caso de Oaxaca, destacaba que entre junio de 2006 y abril de 2008 se documentaron 62 casos de homicidio por cuestiones políticas o sociales, entre los cuales destacaban los 26 muertos registrados durante el conflicto de la APPO.
Previamente a 2006, cuando se presentó el caso de la APPO, el gobierno de Ulises Ruiz ya tenía en su haber varios casos de líderes sociales asesinados, como el del profesor Serafín García, en Huautla de Jiménez, el 27 de julio de 2004; los de Jorge Enrique García Brenis, Marlon Roberto Miranda y Jorge Alberto Miranda, el 22 de mayo de 2005; el del líder social César Toimil, el 30 de noviembre de 2005, en la capilla de Acatlán de Pérez Figueroa. Y a esos crímenes se sumaron, en 2006, los perpetrados en contra de Neguib Tadeo Manriquez, Moisés Cruz Sánchez, Andrés Santiago Cruz, Octavio Martínez y el profesor universitario Pedro Martínez.
Considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un gobernante que ha violado las garantías individuales de los oaxaqueños, luego de que se investigó la forma como reprimió a la APPO en 2006. A Ulises Ruiz se le responsabiliza de haber marcado un alto saldo histórico de muertos, heridos, desaparecidos y reprimidos.
Raúl Bolaños-Cacho, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), con más de 40 años de militancia en el PRI, dice que, si se toma en cuenta el dictamen del máximo órgano de justicia del país, se ve con claridad lo que ha sido el gobernador Ruiz y su necesidad de que gane su candidato Eviel Pérez Magaña para protegerse del juicio de tribunales internacionales y de las investigaciones que aún no hacen las autoridades competentes.
–En un referente histórico, ¿cómo describiría al gobierno de Ulises Ruiz?
–Es un gobierno muy distanciado de la ciudadanía, que trata de perpetuarse en el poder usando todos los medios al alcance para seguir manteniendo un cacicazgo teniendo de rehén al PRI.
–Pero además pretende ganar y colocarse en el 2012…
–Bueno, trata de hacer una plataforma con el triunfo de Eviel Pérez Magaña para posicionarse y buscar la dirigencia nacional del PRI, algo que veo muy remoto porque en otros estados se ve a un priismo de vanguardia, de cara al siglo XXI, mientras que el priismo de Ulises Ruiz es retrógrada, absolutista, autoritario, que no da apertura a los cuadros internos y no acepta las opiniones contrarias. Eso es lo que ha prevalecido en estos seis años. Pero me parece que la ciudadanía oaxaqueña ha empezado a despertar y el resultado lo veremos el 4 de julio.
Escuadrones de la muerte
Durante el conflicto de la APPO, fue documentada la aparición de un grupo de sicarios dedicado a sembrar el terror entre los simpatizantes del movimiento popular que luchaba por un cambio de gobierno. A este grupo de sicarios se le conoció como la Caravana de la Muerte y se le achacó el asesinato de varios maestros y colonos, e incluso el homicidio del periodista estadunidense Brad Will.
En el informe sobre derechos humanos 2007-2009 Oaxaca, un régimen agrietado, de la agrupación civil Servicios para una Educación Alternativa (Educa), se asienta que varios funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz participaron en la organización y operación del grupo paramilitar, entre ellos la entonces procuradora Lizbeth Caña Cadeza y quienes fungieron como secretario de Protección Ciudadana, Lino Celaya, y como secretario de Gobierno, Jorge Franco, quien en la actualidad es diputado federal.
Flavio Sosa, por su parte, señala a otros funcionarios que participaron en estos aparatos de represión e inclusive de espionaje al servicio de Ulises Ruiz, como el secretario de Gobierno, Heliodoro Díaz Escárcega; Alejandro Barrita, quien fue director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial; Aristeo López Martínez, hoy excoordinador de Seguridad Pública, y los marinos José Manuel Vera Salinas, quien fue director general de Seguridad Pública, y Manuel Moreno Rivas, a la sazón director de la Policía Ministerial de Oaxaca.
Más aún, algunos de estos represores, ubicados en otras partes, siguen siendo severamente cuestionados por conductas parecidas, mientras que otros han sido ejecutados.
El 30 de enero de 2008, el teniente Alejandro Barrita fue abatido a tiros mientras hacía ejercicio en el parque deportivo El Tequio, por cuatro sujetos que portaban rifles de asalto AK-47 y R-15, así como pistolas de 9 milímetros. Casi un año después, el 23 de enero de 2009, otro de los personajes acusados de integrar la Caravana de la Muerte, Aristeo López Martínez, excoordinador de Seguridad Pública, también fue ejecutado de 30 balazos de armas largas cuando viajaba en su vehículo por la Calzada de la República en la capital oaxaqueña.
Curiosamente, ambos personajes también estaban involucrados en la detención y desaparición de dos cuadros políticos del EPR, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Ramírez Amaya, el 25 de mayo de 2007.
Otros dos personajes a los que se mencionó como parte del grupo paramilitar que actuó contra la APPO en 2006 son los mencionados marinos José Manuel Vera Salinas y Manuel Moreno Rivas, quienes trabajaron en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) bajo las órdenes del contralmirante Wilfrido Robledo, quien se desempeñaba como director de Seguridad. Fue también titular de la Policía Federal Preventiva (PFP) y director de Seguridad Pública del Estado de México, cargo éste del que fue destituido por la represión en Atenco.
“Así ha ido Ulises Ruiz. Durante todo el tiempo ha usado la asesoría de gente proveniente de la Secretaría de Marina. Hace poco fue encontrado un equipo de espionaje en Cancún a cargo del teniente de navío Manuel Vera Salinas, quien junto con el teniente de infantería Manuel Moreno Rivas fue pieza clave en todo la estrategia de contrainsurgencia y golpeteo a los opositores”, señala Flavio Sosa.
Efectivamente, durante la rebelión de la APPO los dos tenientes tuvieron una actuación destacada en los operativos policiacos, sobre todo en los destinados a detectar acciones del grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR). De hecho, estas actividades las venían realizando desde el gobierno de José Murat.
Cuando fracasó en el desalojo de los maestros del Zócalo de la capital oaxaqueña, el 14 de junio de 2006, Ulises Ruiz Ortiz tuvo que destituir a su secretario de Gobierno, Jorge Franco, operador de los grupos de choque, y al teniente Vera Salinas. Sin embargo, ambos siguieron operando en el control de los grupos opositores al gobernador.
Después del conflicto en Oaxaca, Vera Salinas se trasladó a Quintana Roo y fue nombrado director de Tránsito de Cancún. Ahí se vio envuelto en otro escándalo.
El 17 de abril pasado, elementos del Ejército descubrieron un centro de espionaje político en los condominios de Xcaret, Cancún. En el departamento se encontraron aparatos de alta tecnología de intervención telefónica de celulares y teléfonos fijos, grabadoras, computadoras, cámaras de rayos infrarrojos y dispositivos de seguimiento para personas y autos.
Las autoridades de Quintana Roo señalaron que el centro de espionaje era operado por el teniente de navío Manuel Vera Salinas, coordinador de seguridad del municipio de Benito Juárez (Cancún), y que estaba a cargo de una persona llamada Juan Ramírez, contra quien la PGR abrió la averiguación previa PGR7QROO/CAN/193/20-II, por el delito de intervención de comunicaciones privadas.
Espionaje oaxaqueño
Desde el inicio de la administración de Ulises Ruiz, los líderes sociales y políticos del estado manifestaron su preocupación por el espionaje y el seguimiento de que eran objeto por parte del gobierno. Aunque había quejas, no se había presentado ninguna acusación hasta que en las últimas semanas se conoció de una denuncia anónima –interpuesta ante la PGR– de espionaje telefónico en Oaxaca.
El 18 de marzo pasado, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR abrió la averiguación previa 46/UEIDAPLE/LE/7/2010, y ha citado a varias personas que presuntamente son espiadas, entre ellos el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del estado Raúl Bolaños-Cacho.
En entrevista, el magistrado con licencia lamentó que algunas personas se estén dedicando a esos actos ilegales, pero sobre todo que lo hagan en este momento, cuando arranca el proceso electoral, y contra personas que son ajenas al gobierno y al PRI.
“Pienso que es el inicio de una guerra mediática que el gobierno de Oaxaca está aplicando como parte de la estrategia para que gane su candidato, pero debe tener cuidado porque como gobernante debe preservar la paz y garantizar la tranquilidad para las elecciones del 4 de julio.”
El magistrado sostiene que es preciso que el gobierno federal intervenga porque de las 12 elecciones que habrá este año en el país, la de Oaxaca es la más peligrosa por la violencia que se puede desatar, como la que se ha empezado a ver en el ataque a la caravana humanitaria en San Juan Copala.
“Creo – añade– que ya hay indicadores preocupantes que deben hacer voltear la mirada del gobierno federal. Los focos rojos se empiezan a encender en el estado. Nosotros apostamos a que haya saldo blanco y no se presente una violencia que oscurezca más el panorama de Oaxaca, pero la elección debe ser vista como un asunto de seguridad nacional.”
En esto coincide el integrante de la APPO Flavio Sosa, para quien el ataque a la caravana de observadores de derechos humanos y periodistas en San Juan Copala es una señal de la violencia que se puede generar durante el proceso electoral.
Sobre todo porque ya hay antecedentes de la actuación de grupos armados, quienes en fechas recientes han herido de bala a 10 niños y niñas, dice la directora de la Limedh, Yésica Macías, y porque el 7 de abril de 2008 asesinaron a Teresa Bautista Flores y a Felicitas Martínez Sánchez, locutoras de la radio comunitaria La voz que rompe el silencio. Además de que en septiembre y octubre de ese año asesinaron también a otros dos habitantes del lugar, Aurelio Hernández González y Aniceto Martínez Ramírez, sin que el gobierno de Ulises Ruiz hiciera algo para detenerlos.
El terror regresa a Oaxaca
La reaparición de la violencia en Oaxaca hace temer otra ola de represión y una vuelta a los graves sucesos que paralizaron en 2006 a ese estado del sur de México, según organizaciones de derechos humanos. La inquietud emergió con una emboscada tendida en la tarde del martes por paramilitares contra una caravana humanitaria que se dirigía a la comunidad autónoma de San Juan Copala, situada unos 600 kilómetros al sureste de la capital de México y habitada por indígenas del pueblo triqui.
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El ataque dejó dos muertos y una mujer herida. Los asesinados son Alberta Cariño, directora del no gubernamental Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y el finlandés Juri Jaakkola, un observador de derechos humanos, ambos por disparos en la cabeza.
Además, varias personas fueron secuestradas y se reportaron inicialmente desaparecidas, entre ellos los periodistas Érika Ramírez y David Cilia, de la revista Contralínea, una publicación muy crítica del gobierno federal y de la administración oaxaqueña, encabezada por el gobernador Ulises Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En el listado aparecían también dos activistas, David Venegas y Noé Bautista, de una organización no gubernamental local, y dos mujeres triquis secuestradas antes de la emboscada.
Poco después, los dos periodistas y los dos activistas escaparon de sus captores. Venegas y Bautista lograron llegar a la ciudad de Juxtlahuaca y allí mostraron un vídeo donde los reporteros aparecen con vida. Los dos se encontraban escondidos en la sierra y Cilia estaba herido de bala.
Este jueves el gobierno de Oaxaca despachó un helicóptero para rescatarlos.
También este jueves fueron liberadas las dos mujeres triquis secuestradas poco antes de la emboscada.
La zona es controlada por grupos paramilitares como la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort), acusados de tener lazos con el PRI.
La caravana humanitaria, en la que viajaban observadores de Bélgica, Finlandia, Italia y Alemania, tenía el fin de suministrar alimentos, agua y otros productos básicos a la población de San Juan Copala, sometida desde enero al bloqueo de Ubisort, que cortó el servicio eléctrico e hídrico del poblado.
El contingente escoltaba asimismo a maestros que intentaban volver a dar clases en la zona.
Defensores de derechos humanos temen que el gobierno aproveche el ataque para promover sus propios intereses en la región triqui. "Tememos que el gobierno use esto de pretexto para militarizar la región", dijo a IPS Eduardo Almeida, activista de la organización Nodo de Derechos Humanos.
Entre mayo y octubre de 2006, el magisterio oaxaqueño afiliado a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), un paraguas de unas 300 organizaciones locales, tomaron las principales calles de la ciudad de Oaxaca, capital del estado, reclamando la destitución de Ruiz.
Esas organizaciones acusan al gobernador, esfinge del ala más conservadora del PRI, de corrupto y autoritario. El conflicto, que paralizó el estado, se zanjó con la intervención de policías federales enviados por el entonces presidente Vicente Fox (2000-2006), del derechista Partido Acción Nacional (PAN).
La acción dejó más de 20 muertos, la gran mayoría atribuidas a la represión, unos 370 heridos y aproximadamente 350 detenidos. Las manifestaciones recobraron fuerza a mediados de 2007, pero se extinguieron rápidamente.
Oaxaca, con una población predominantemente indígena, es uno de los estados más empobrecidos de México.
Gabriela Jiménez, una sobreviviente del ataque del martes y asesora de la APPO, sostuvo que los agresores se identificaron como miembros de la Ubisort y aseguraron contar con respaldo del gobierno estadual. Pero Ruiz negó cualquier vínculo con la emboscada.
San Juan Copala permanece bajo asedio de paramilitares desde que se declaró municipio autónomo en enero de 2007. Una de esas organizaciones es la Ubisort, que había advertido de que la caravana estaría en peligro si trataba de ingresar en el pueblo.
Su líder, Rufino Juárez, dijo a la prensa que los tiroteos eran frecuentes en la zona y que la Ubisort no se hacía responsable "de lo que pudiera ocurrirle" al convoy, integrado por unas 25 personas entre activistas, maestros y observadores.
El ataque fue condenado por numerosas organizaciones mexicanas e internacionales, que lo consideran un incidente inquietante ante las elecciones de julio para renovar el gobierno y la legislatura estadual.
El presidente de México, el conservador Felipe Calderón, dijo que los sucesos serán investigados a fondo. El desastre de Oaxaca lo toca de cerca, pues Fox ordenó la intervención en 2006 para evitar que heredara la crisis, y en los próximos comicios su partido, el PAN, aspira a destronar por primera vez al PRI en Oaxaca.
"¿A quién beneficia, en términos electorales, la brutal emboscada en Oaxaca? Las respuestas pueden ser varias. Una de ellas, efectivamente, podría encontrarse en los intereses de los diversos actores político-electorales que se mueven en la región", escribió este jueves el columnista Francisco López en el diario capitalino La Jornada.
Las divisiones entre comunidades triquis son tradicionales en la zona, pero se agravaron a partir de la década de 1970. En esos años, las comunidades nativas crearon El Club, un grupo que con los años derivó en el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui.
Esa organización se dividió más tarde y dio lugar al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, al que pertenece el municipio autónomo.
Ubisort culpa al gobierno de no intervenir en el conflicto, que ha dejado al menos una docena de muertos desde 2007. Esa organización se beneficiaría de una intervención gubernamental en el área, presuntamente dirigida contra la administración autónoma.
En abril de 2008 fueron asesinadas en la zona las jóvenes locutoras Felícitas Martínez y Teresa Bautista, de la comunitaria Radio Copala, "La voz que rompe el silencio", víctimas de la violencia en que se expresan las diferencias en la región.
El municipio sigue incomunicado y su situación es incierta. Algunos residentes que se encontraban fuera al momento del ataque demandan que el gobierno cree las condiciones para que miembros de la sociedad civil lleguen al pueblo, sin ninguna intervención policíaca.
La policía estadual visitó dos veces el miércoles la escena del crimen para recoger los vehículos tiroteados y los dos cadáveres, sin localizar a los desaparecidos ni a los perpetradores.
La situación permanece inestable en tanto el gobierno, el municipio, la APPO y la Ubisort deciden cuáles serán sus siguientes pasos. Los atacantes del convoy anunciaron más violencia, despojaron a los emboscados de sus identificaciones y les advirtieron que serían ejecutados si intentaban regresar o contaban lo ocurrido, dijo un sobreviviente a IPS.
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El ataque dejó dos muertos y una mujer herida. Los asesinados son Alberta Cariño, directora del no gubernamental Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y el finlandés Juri Jaakkola, un observador de derechos humanos, ambos por disparos en la cabeza.
Además, varias personas fueron secuestradas y se reportaron inicialmente desaparecidas, entre ellos los periodistas Érika Ramírez y David Cilia, de la revista Contralínea, una publicación muy crítica del gobierno federal y de la administración oaxaqueña, encabezada por el gobernador Ulises Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En el listado aparecían también dos activistas, David Venegas y Noé Bautista, de una organización no gubernamental local, y dos mujeres triquis secuestradas antes de la emboscada.
Poco después, los dos periodistas y los dos activistas escaparon de sus captores. Venegas y Bautista lograron llegar a la ciudad de Juxtlahuaca y allí mostraron un vídeo donde los reporteros aparecen con vida. Los dos se encontraban escondidos en la sierra y Cilia estaba herido de bala.
Este jueves el gobierno de Oaxaca despachó un helicóptero para rescatarlos.
También este jueves fueron liberadas las dos mujeres triquis secuestradas poco antes de la emboscada.
La zona es controlada por grupos paramilitares como la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort), acusados de tener lazos con el PRI.
La caravana humanitaria, en la que viajaban observadores de Bélgica, Finlandia, Italia y Alemania, tenía el fin de suministrar alimentos, agua y otros productos básicos a la población de San Juan Copala, sometida desde enero al bloqueo de Ubisort, que cortó el servicio eléctrico e hídrico del poblado.
El contingente escoltaba asimismo a maestros que intentaban volver a dar clases en la zona.
Defensores de derechos humanos temen que el gobierno aproveche el ataque para promover sus propios intereses en la región triqui. "Tememos que el gobierno use esto de pretexto para militarizar la región", dijo a IPS Eduardo Almeida, activista de la organización Nodo de Derechos Humanos.
Entre mayo y octubre de 2006, el magisterio oaxaqueño afiliado a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), un paraguas de unas 300 organizaciones locales, tomaron las principales calles de la ciudad de Oaxaca, capital del estado, reclamando la destitución de Ruiz.
Esas organizaciones acusan al gobernador, esfinge del ala más conservadora del PRI, de corrupto y autoritario. El conflicto, que paralizó el estado, se zanjó con la intervención de policías federales enviados por el entonces presidente Vicente Fox (2000-2006), del derechista Partido Acción Nacional (PAN).
La acción dejó más de 20 muertos, la gran mayoría atribuidas a la represión, unos 370 heridos y aproximadamente 350 detenidos. Las manifestaciones recobraron fuerza a mediados de 2007, pero se extinguieron rápidamente.
Oaxaca, con una población predominantemente indígena, es uno de los estados más empobrecidos de México.
Gabriela Jiménez, una sobreviviente del ataque del martes y asesora de la APPO, sostuvo que los agresores se identificaron como miembros de la Ubisort y aseguraron contar con respaldo del gobierno estadual. Pero Ruiz negó cualquier vínculo con la emboscada.
San Juan Copala permanece bajo asedio de paramilitares desde que se declaró municipio autónomo en enero de 2007. Una de esas organizaciones es la Ubisort, que había advertido de que la caravana estaría en peligro si trataba de ingresar en el pueblo.
Su líder, Rufino Juárez, dijo a la prensa que los tiroteos eran frecuentes en la zona y que la Ubisort no se hacía responsable "de lo que pudiera ocurrirle" al convoy, integrado por unas 25 personas entre activistas, maestros y observadores.
El ataque fue condenado por numerosas organizaciones mexicanas e internacionales, que lo consideran un incidente inquietante ante las elecciones de julio para renovar el gobierno y la legislatura estadual.
El presidente de México, el conservador Felipe Calderón, dijo que los sucesos serán investigados a fondo. El desastre de Oaxaca lo toca de cerca, pues Fox ordenó la intervención en 2006 para evitar que heredara la crisis, y en los próximos comicios su partido, el PAN, aspira a destronar por primera vez al PRI en Oaxaca.
"¿A quién beneficia, en términos electorales, la brutal emboscada en Oaxaca? Las respuestas pueden ser varias. Una de ellas, efectivamente, podría encontrarse en los intereses de los diversos actores político-electorales que se mueven en la región", escribió este jueves el columnista Francisco López en el diario capitalino La Jornada.
Las divisiones entre comunidades triquis son tradicionales en la zona, pero se agravaron a partir de la década de 1970. En esos años, las comunidades nativas crearon El Club, un grupo que con los años derivó en el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui.
Esa organización se dividió más tarde y dio lugar al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, al que pertenece el municipio autónomo.
Ubisort culpa al gobierno de no intervenir en el conflicto, que ha dejado al menos una docena de muertos desde 2007. Esa organización se beneficiaría de una intervención gubernamental en el área, presuntamente dirigida contra la administración autónoma.
En abril de 2008 fueron asesinadas en la zona las jóvenes locutoras Felícitas Martínez y Teresa Bautista, de la comunitaria Radio Copala, "La voz que rompe el silencio", víctimas de la violencia en que se expresan las diferencias en la región.
El municipio sigue incomunicado y su situación es incierta. Algunos residentes que se encontraban fuera al momento del ataque demandan que el gobierno cree las condiciones para que miembros de la sociedad civil lleguen al pueblo, sin ninguna intervención policíaca.
La policía estadual visitó dos veces el miércoles la escena del crimen para recoger los vehículos tiroteados y los dos cadáveres, sin localizar a los desaparecidos ni a los perpetradores.
La situación permanece inestable en tanto el gobierno, el municipio, la APPO y la Ubisort deciden cuáles serán sus siguientes pasos. Los atacantes del convoy anunciaron más violencia, despojaron a los emboscados de sus identificaciones y les advirtieron que serían ejecutados si intentaban regresar o contaban lo ocurrido, dijo un sobreviviente a IPS.
1 may 2010
Gracias a todos
Gracias a todos por sus visitas. Seguimos demostrando que somos el primer y único servicio de información en la Cuenca del Papaloapan. Seguimos demostrando que somos el blog líder en Acatlán y sus alrededores. Páginas y blogs existen muchos, pero nosotros somos líderes; los demás son nuestros imitadores.
Muchas gracias a nuestros seguidores y a nuestros detractores.
Emboscada priista
Joel OrtegaMe llama Humberto Parra, emboscaron una caravana en Oaxaca cerca de San Juan Copala, en la región Triqui; hay dos muertos: un finlandés y una mujer; al parecer hay siete desaparecidos, entre ellos David Cilia, hijo, y Érika Ramírez, reporteros de Contralínea. Hay que hacer algo para salvar su vida, su papá va rumbo a Oaxaca.
Súbitamente me traslado a la era del terror priista, donde con Humberto y muchos cuates más vivimos muchos episodios represivos de este tipo.
Toda la tarde del miércoles recibo mails y Faceboks denunciando la salvaje emboscada, entre ellos el de Alejandro Meléndez; al día siguiente Jorge, su padre, compañero y amigo de toda la vida, me comunica que habrá una marcha de protesta, se dan diversos itinerarios; finalmente se establece el del Hemiciclo a la PGR, cita en Reforma y Río Neva.
Hay algunas decenas de chavos, mujeres indígenas con sus hijos, periodistas pioneros de las luchas democráticas como Rogelio Hernández y el propio Jorge Meléndez. Hay policías por todas partes; de pronto avanzan corriendo por Reforma, frenan abruptamente y con una disciplina impresionante hacen un círculo y aíslan a los protestantes. Ese operativo ya lo han practicado; lo hicieron en la marcha del 2 de octubre pasado. Su eficacia es impresionante y pone los pelos de punta.
Ulises Ruiz reaparece con sus insólitas declaraciones: no tenían nada que hacer los extranjeros en Oaxaca. Como siempre los patos tirando a las escopetas: la emboscada no importa; lo inaceptable son los “extranjeros en Oaxaca”. Ya sabemos, luego se construirán historias para “demostrar” que se trata de enfrentamientos intertribales de grupos de triquis, utilizando para ello al viejo cacique Heriberto Pazos, quien junto con Héctor Sánchez (antiguo fundador de la COCEI) se aliaron a Murat para debilitar la coalición que apoyaba a Gabino Cué hace seis años y luego pasaron a ser empleados de Ulises Ruiz.
La versión priista intenta ocultar sus lazos con la denominada Ubisort (Unión de Bienestar Social de la Región Triqui), grupo paramilitar probable autor de la emboscada, que ha cercado al pueblo de San Juan Copala, único municipio autónomo en Oaxaca.
Los detalles irán conformando el rompecabezas.
David Cilia y Érika Ramírez lograron sobrevivir, escondidos en la maleza.
La emboscada en Copala es la secuela del salvaje gobierno de Ulises (más de 20 muertos durante el movimiento de la APPO en 2006) y del “estilo” priista de gobernar, el mismo que muchos añoran. Aún pueden perder en el 12.
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